Uruapan, Michoacán, a 21 de abril de 2026.- Uruapan no solo ganó un nuevo sistema de transporte. Ganó también una herida abierta a balazos. El teleférico, impulsado por el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla y operado desde la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad encabezada por Gladyz Butanda Macías, se ha convertido en uno de los proyectos más polémicos del estado. No por su ingeniería, sino por la forma en que fue impuesto.

Desde su origen, la obra avanzó entre licitaciones aceleradas, información reservada y oposición social creciente. Colonos, transportistas y comerciantes denunciaron afectaciones, falta de estudios ambientales públicos y una planeación que —afirman— nunca fue socializada.

Cuando la protesta pasó de la calle a los tribunales, el conflicto escaló.

Amparos ignorados, fuerza pública presente

Vecinos del fraccionamiento Bosques lograron lo que en teoría debería frenar cualquier obra: suspensiones judiciales. Un juez federal ordenó detener trabajos en zonas específicas.

Pero en marzo de 2025, elementos de seguridad ingresaron al lugar, derribaron áreas verdes y permitieron el avance de maquinaria. La escena fue descrita por habitantes como un operativo para imponer la obra por la fuerza, pese a la existencia de resoluciones judiciales.

La propia autoridad federal abrió investigaciones por posibles violaciones.

El abogado que incomodó… y fue silenciado

En ese contexto emergió una figura clave: el abogado Isidro Ramos Sandoval, representante de colonos y promotor de amparos que frenaban tramos del proyecto.

El 29 de marzo de 2025 fue asesinado a plena luz del día.

Su muerte ocurrió horas después de convocarse una marcha contra el teleférico y días después de los operativos en Bosques de Uruapan.
Hasta hoy, no existe una explicación pública convincente sobre el móvil.

Pero el efecto fue inmediato: el movimiento se fracturó, el miedo se instaló y la resistencia perdió a su principal operador legal.

El entonces alcalde Carlos Manzo tampoco fue ajeno al conflicto.
Durante su campaña, capitalizó el descontento contra el teleférico, señalando falta de transparencia e imposición estatal. Ya en el cargo, su postura cambió: colaboró con el proyecto, facilitó recursos… y más tarde volvió a confrontarlo, incluso ordenando la clausura simbólica de obras.

Meses después, el 1 de noviembre de 2025, fue asesinado.

Las investigaciones apuntan al crimen organizado. Sin embargo, su figura quedó inevitablemente ligada a un periodo donde la tensión política, social y de seguridad en torno al teleférico alcanzó su punto más alto.

Una obra que avanzó… y una ciudad que calló

Tras el asesinato del abogado, algunos promoventes de amparos se desistieron. Otros abandonaron la lucha. El miedo sustituyó a la organización. El proyecto continuó.

Hoy, el teleférico opera como símbolo de modernidad. Pero bajo sus cables persisten preguntas incómodas: ¿Por qué se ejecutaron obras con suspensiones judiciales vigentes?; ¿Por qué se reservó información clave sobre impacto ambiental?; ¿Quién se benefició de debilitar la resistencia social?; ¿Por qué dos figuras centrales del conflicto terminaron muertas en el mismo periodo?

El costo que no aparece en los informes

El gobierno estatal ha defendido el proyecto como un logro técnico y financiero. Sin embargo, evita responder de fondo a las críticas sobre opacidad, presión política y uso de la fuerza pública.

Porque más allá de cifras y estaciones, hay un hecho difícil de ignorar: El teleférico no solo se construyó sobre concreto y acero, sino en medio de un conflicto donde la legalidad fue cuestionada, la protesta fue contenida y la violencia apareció en los momentos más críticos.

No hay, hasta ahora, una verdad oficial que vincule los asesinatos con la obra.
Pero en Uruapan, esa explicación tampoco ha sido suficiente.

El teleférico ya está terminado.
La discusión, no. Y mientras no haya respuestas claras, la obra seguirá cargando algo más que pasajeros: una duda persistente sobre el verdadero costo de imponer el “progreso”.