Morelia, Michoacán

Alrededor del 80 por ciento de los casos de llamadas telefónicas de extorsión y secuestro virtual culminan en una intervención oportuna de la autoridad, que evita la entrega de dinero a los responsables, expresó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, José Pablo Alarcón Olmedo.

Entre 15 y 20 por ciento, no obstante, los responsables logran obtener el beneficio económico que buscaban al generar miedo en sus víctimas.

En entrevista, Alarcón Olmedo indicó que se tienen campañas de difusión y prevención sobre lo que son las llamadas telefónicas de extorsión y los secuestros virtuales, para que las personas no caigan y no entreguen su patrimonio.

Entre estas medidas, destacó la detección en tiendas de conveniencia y sucursales bancarias, por personal de las mismas, de personas que acuden a hacer transacciones en efectivo y evidencian ansiedad, miedo y temor.

Esto motiva la suspensión de las operaciones y el llamado a las autoridades, para que se esclarezca el riesgo que enfrenta la víctima.

En ocho de cada 10 casos, se logra localizar a las víctimas incluso ya formadas para hacer pagos o depósitos, mientras que entre 15 y 20 por ciento ya había hecho pagos o depósitos, superando varios miles de pesos.

Alarcón Olmedo explicó que la mayor afectación se observa en los micro y pequeños comercios, por el uso de fotografías y datos extraídos de redes sociales, Google Maps y otras fuentes abiertas para su consulta por el público, para simular que los responsables pueden acceder personalmente a los negocios extorsionados.

La proyección de incidencia es de un caso por día de llamadas telefónicas de extorsión y dos casos por semana de secuestro virtual.

Entre las acciones de los emisores de llamadas telefónicas de extorsión y secuestro virtual, destaca la generación de los llamados desde números telefónicos con claves de larga distancia (Lada) correspondientes a diferentes estados, principalmente Jalisco.

No obstante, el análisis por geolocalización indica que las llamadas salen de centros penitenciarios en Sonora y Tamaulipas, sobre todo.

Y es que los responsables pretenden detentarse como integrantes de cárteles de la droga radicados en Jalisco.