La nueva legislación de prisión preventiva oficiosa limita severamente la justicia imparcial: Centro ProDH

La modificación al artículo 19 de la Constitución, que establece la prisión preventiva oficiosa para al menos 20 delitos y prohíbe cualquier interpretación que permita la libertad provisional, ha dado un mayor poder a las fiscalías y ministerios públicos, que pueden estar corruptos, para extorsionar a los ciudadanos, señaló Santiago Aguirre, director del

Durante una entrevista en ‘Aristegui en Vivo’, Aguirre Espinosa mencionó que el añadido al artículo 19 constitucional, que impide cualquier interpretación que deje sin efecto la prisión preventiva oficiosa o automática citando fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en contra de México, también impide a los jueces otorgar libertad provisional.

Aguirre, especialista en derechos humanos, alertó que esta reforma no solo infringe derechos humanos y es regresiva, sino que fortalece excesivamente a las fiscalías estatales y a la Fiscalía General de la República (FGR), a pesar de que la principal razón de la impunidad es la inadecuada actuación de los ministerios públicos en la persecución de delitos.

Prisión preventiva oficiosa o automática favorece la corrupción

La imposición de la prisión oficiosa o automática favorece la corrupción dentro de las fiscalías y elimina la posibilidad para los jueces de evaluar adecuadamente las pruebas antes de decidir sobre el encarcelamiento de una persona.

La prisión preventiva oficiosa sigue proporcionando herramientas ilegítimas al ministerio público, permitiéndoles mantener su desempeño deficiente.

Hoy, las fiscalías están más empoderadas que nunca, sin haber sido objeto de las necesarias reformas, y se ha señalado únicamente al Poder Judicial como responsable de la impunidad, lo que les da más herramientas para extorsionar y coaccionar.

Aguirre recordó que la mayoría de las liberaciones se deben a investigaciones inadecuadas por parte de las Fiscalías, detenciones arbitrarias y torturas a los imputados para obtener confesiones falsas, lo que resulta en la caída de los casos durante el proceso penal.

Todo esto contribuirá a que más personas inocentes sean encarceladas injustamente, como ocurrió con la indígena mixteca Jovita Flores, quien fue liberada recientemente después de probar su inocencia y pasar 10 años en prisión por una acusación falsa de secuestro.

Los jueces ahora están limitados y no pueden interpretar la ley bajo el principio pro persona, cerrando un debate que estaba pendiente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), encerrando a personas sin pruebas suficientes, concluyó el abogado.