La inasistencia de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, a la reunión a la que fue citada ayer en el Senado para rendir explicaciones sobre el caso de los agentes de la CIA provocó tensiones, reproches y acusaciones entre legisladores.
Senadores de Morena señalaron que la presunta “transgresión a la Constitución” cometida por la mandataria chihuahuense y otras autoridades locales “es de tal magnitud” que podría derivar en responsabilidades políticas e incluso penales, al considerar que los hechos podrían encuadrarse en el delito de traición a la patria.
Los legisladores oficialistas también calificaron como una mentira y “una cobardía” el intento de atribuir la presencia de los agentes estadounidenses al comandante Pedro Ramón Oseguera, quien participó en el operativo para desmantelar un narcolaboratorio.
El mando falleció en el accidente vial en el que también murieron los dos agentes de Estados Unidos. “Ni culpando a los muertos van a evitar toda la responsabilidad que tuvieron los vivos”, advirtió el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
Por su parte, legisladores del PAN defendieron la ausencia de la gobernadora. El coordinador panista, Ricardo Anaya, afirmó que Campos no acudió porque se buscaba “un linchamiento” político y sostuvo que se le pretende juzgar, bajo un “razonamiento esquizofrénico”, por el supuesto “pecado de recibir información de la CIA” que derivó en la destrucción de un laboratorio clandestino.
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La controversia surgió luego de que la secretaria de la Mesa Directiva del Senado, María Martina Kantún, recibió la notificación formal de Maru Campos justificando su ausencia con el argumento de que su comparecencia podría comprometer información confidencial y afectar investigaciones en curso.
No obstante, la gobernadora ya había anticipado públicamente, a través de medios de comunicación, que no acudiría al encuentro, situación que fue cuestionada por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier.
A nombre de las comisiones de Puntos Constitucionales y Seguridad Nacional, el senador Óscar Cantón Zetina enumeró las presuntas violaciones a la Carta Magna, particularmente al artículo 117, que prohíbe a las entidades federativas celebrar alianzas con gobiernos extranjeros.
“Cualquier actuación de autoridades locales que comprometa la soberanía, invada competencias federales o ponga en riesgo la seguridad nacional debe ser investigada exhaustivamente y, en su caso, dar lugar a las responsabilidades políticas, administrativas o penales conducentes, en estricto apego al estado de derecho”, señaló.
Fuente: La Jornada
