El exfiscal vinculado al narco, Francisco Herrera Franco, busca ser juez penal, pese a su oscuro historial y acusaciones de corrupción.

Morelia, Michoacán.- El exfiscal regional de Zitácuaro, Francisco Herrera Franco, señalado de presuntos vínculos con el narco y de estar involucrado en el asesinato de los periodistas Armando Linares y Roberto Toledo, de “Monitor Michoacán”, aparecerá en la boleta electoral del próximo proceso judicial como aspirante a juez federal penal.

De acuerdo con una nota periodística de ‘Animal Político’, su inclusión en la contienda de la elección judicial ha generado indignación entre organizaciones defensoras de derechos humanos, colectivos de periodistas y ciudadanos.

Francisco Herrera, quien contenderá por el circuito 11 de Michoacán, fue postulado por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, pese a que su historial está marcado por acusación de graves corrupción, violencia y colusión con el narco.

El exfiscal fue despedido en 2022, luego de que se filtrara una llamada telefónica con un presunto líder criminal, donde discutía cómo encubrir un asesinato cometido por uno de los integrantes del grupo.

“Sabe que estoy al cien con usted”, le dice el supuesto criminal, y el exfiscal responde: “Ya sabes que jalamos bien”. A raíz de esa grabación, salió de la Fiscalía General del Estado (FGE), aunque no derivó en consecuencias penales.

Para colectivos como ‘Defensorxs AC’, ‘Artículo 19’ y ‘Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad’, la participación de Herrera Franco en esta elección es una señal alarmante de los riesgos de cooptación del sistema de justicia por intereses criminales.

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Miguel Alfonso Meza, presidente de ‘Defensorxs’, confirmó que al menos siete aspirantes al Poder Judicial tienen denuncias por vínculos con el narco o violencia de género.

“El caso de Herrera Franco es especialmente delicado por las implicaciones que tuvo en la libertad de expresión y en la seguridad de los periodistas”, señaló un integrante del grupo de vigilancia ciudadana.

Entre 700 observadores de todo el país, ya se han documentado elementos suficientes para exigir una revisión de las candidaturas.

El nombre de Herrera Franco resurgió en la opinión pública tras el asesinato del reportero Roberto Toledo, colaborador del portal Monitor Michoacán, ocurrido el 31 de enero de 2022.

Semanas después, el director del medio, Armando Linares, también fue ejecutado tras denunciar amenazas constantes por exhibir casos de corrupción.

“Las amenazas comenzaron cuando exhibimos una corrupción del fiscal regional, Francisco Herrera Franco”, denunció Linares en una entrevista.

Tras los asesinatos, ‘Monitor Michoacán’ cerró sus puertas, pero en sus últimas publicaciones, señalaban al exfiscal como uno de los responsables directores de las intimidaciones.

Colectivos como ‘Ni Uno Más Michoacán’ exigieron a la Fiscalía General del Estado esclarecer los asesinatos y denunciaron la omisión institucional para proteger a los comunicadores.

El entonces fiscal Adrián López Solís reconoció que la carpeta del caso había sido entregada a autoridades federales, pero el crimen de Linares y Toledo continúa sin castigo.

Sin embargo, las denuncias contra Herrera Franco no son nuevas, ya que 2021, representantes de comunidades indígenas del oriente de Michoacán lo acusaron públicamente de obligar a los pobladores a colaborar con un grupo delictivo.

“Asuma su responsabilidad como funcionario. ¿Por qué da instrucciones para que mi pueblo se integre a un grupo delincuencial?”, le reclamaron durante una reunión con autoridades municipales y estatales. Las denuncias fueron registradas en video y difundidas en redes sociales.

A pesar de ese cúmulo de antecedentes, el exfiscal promueve su candidatura con un discurso que promete “combatir la impunidad y la corrupción”, según su perfil en la plataforma Conóceles del INE.

Francisco Herrera Franco fue parte del grupo de funcionarios conocidos como “Los Chilangos”, quienes llegaron a Michoacán con el excomisionado federal, Alfredo Castillo Cervantes, y que fueron protegidos por el exgobernador Silvano Aureoles Conejo.

El avance de estas candidaturas, según advierten las organizaciones sociales, podría representar un retroceso en el acceso a la justicia, la libertad de prensa y la independencia del sistema judicial en el país.