Autoridades estatales lograron un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado con la detención de seis personas presuntamente involucradas en una red de extorsión y secuestro exprés que operaba en municipios del sur mexiquense. Entre los implicados hay figuras públicas, dirigentes sindicales y empresarios que, de acuerdo con la investigación, habrían participado activamente en actividades delictivas que afectaban a comerciantes y transportistas de la región.

Las detenciones se realizaron en el marco de la Operación Liberación, una estrategia implementada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para enfrentar a grupos dedicados al cobro de piso, amenazas y control territorial del comercio local.

Durante la audiencia celebrada el pasado 26 de julio, el Ministerio Público presentó elementos que permitieron vincular a proceso a los detenidos. El juez dictó prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para completar la investigación complementaria.

Entre los acusados destaca una exregidora del municipio de Ixtapan de la Sal, identificada como Yareli “N”, señalada por su presunta participación en un secuestro exprés contra un comerciante al que habría intimidado para forzarlo a pagar cuotas bajo amenaza de represalias. La mujer también se habría ostentado como integrante de un grupo delictivo con operaciones en la zona limítrofe con Michoacán.

En el mismo caso figuran líderes sindicales como Gonzalo “N”, quien presuntamente imponía pagos a transportistas para permitir el paso de materiales en Valle de Bravo, y Jorge “N”, empresario del ramo maderero, a quien se le acusa de exigir sumas importantes bajo amenazas para permitir que otros comerciantes operaran sin represalias.

A ellos se suman tres personas más Antonio “N”, Alicia “N” y José Fernando “N”, quienes habrían presionado a vendedores locales para obligarlos a adquirir productos exclusivamente con ellos o pagar cuotas periódicas.

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, las penas a las que podrían enfrentarse los imputados superan los 70 años de prisión, dadas las agravantes de los delitos cometidos.

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Mientras tanto, se prevé que en los próximos días se lleven a cabo nuevas audiencias para otras dos personas presuntamente involucradas, quienes fueron detenidas en seguimiento a esta misma operación.

El operativo responde a una creciente preocupación por la expansión de redes criminales que buscan controlar la economía informal y formal en el Estado de México mediante la violencia, la intimidación y la corrupción de figuras locales.

Fuente: El Imparcial