Morelia, Michoacán
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Morelia, Aramís Sosa Cedeño, señaló que, tras su elección para el período 2026 a 2027, el órgano empresarial se enfocará en impulsar leyes y normas que conduzcan a una política pública estatal industrial.
Y es que, aunque existen acciones para incentivar el sector industrial, como es el caso del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se necesita de medidas y marcos regulatorios permanentes que fomenten el desarrollo industrial.
Desde la Canacintra Morelia, se prevé motivar la capacitación de las empresas, enfocado en las micro y pequeñas empresas, que constituyen 99% de las 400 mil unidades en operaciones en la entidad.
Asimismo, el combate contra la informalidad económica, que es competencia desleal y limita la recaudación fiscal, y la certificación de procesos, trabajadores e instalaciones de las empresas.
El propósito es que la legislación estatal de homologar con la federal para que, por ejemplo, las nuevas inversiones que arriben a Michoacán recurran a las empresas y la mano de obra locales para generar cadenas de suministros y de valor.
Al momento, se han tenido acercamientos con diferentes legisladores estatales, y “habrá que ver si también tienen la voluntad”.
El presidente de la Canacintra Morelia indicó que la industria en la entidad tuvo una recuperación a partir del segundo semestre de 2025, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Entre los factores que influyeron en esto, mencionó el alza en la exportación manufacturera, donde, al corte del tercer trimestre de 2025, de mil 300 millones de dólares en exportaciones, 300 millones de dólares correspondieron a manufacturas.
Para 2026, el panorama es complejo, ya que se trata de un año de definiciones que puede llevar a más inversiones y empleos formales, o a un freno al desarrollo económico.
Uno de los retos que conllevará 2026, es conseguir certificación ante la reconfiguración de las cadenas de suministros, con la aplicación de impuestos por hasta 50% a productos procedentes de Asia; las adecuaciones en regulación y materia laboral y la reconstitución del Poder Judicial.
