Ciudad de México. El gigante español de telecomunicaciones, Telefónica, enfrenta el reto de salir de México, con un negocio de “bajo valor” y un litigio fiscal por 4.442 millones de pesos en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una combinación que —según analistas— condiciona la venta y reduce el atractivo de su marca Movistar como activo tradicional de telecomunicaciones.

De acuerdo con especialistas del sector consultados este miércoles por EFE, el principal obstáculo no es únicamente encontrar comprador, sino cerrar una operación con certidumbre sobre el pasivo fiscal, que opera como una “variable” de negociación y puede convertirse en un descuento sobre el precio final.

El crédito fiscal en disputa data desde 2014 por una deducción indebida para eludir impuestos tras una fusión corporativa y ahora se encuentra en la SCJN, que cuenta con un nuevo pleno alineado a los intereses del partido gobernante, Morena, y que recientemente se ha mostrado a favor de una mayor recaudación para el fisco.

En paralelo, los analistas describen que el modelo de Movistar en México dejó de ser el de un operador con infraestructura propia y se acercó al de una compañía que solo administra una base de usuarios “de bajo valor”, poco atractiva y que opera sobre redes de terceros.

Negociación y peso del adeudo fiscal

Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), dijo a EFE que ese expediente es “sin duda, un factor de riesgo que no está del todo definido” y que podría demorar aún más la venta de su negocio en México, al recordar que “cuando se vende una empresa, se vende con las deudas”.

Para Bravo, la lógica del mercado empuja a que ese pasivo se use como “moneda de negociación”, ya sea regateando el precio o descontando este monto del precio final.

Por su parte, Ernesto Piedras, director de la consultora The Competitive Intelligence Unit (The CIU), aseguró que este litigio “también pesa en la negociación”, al tiempo que consideró que el monto pendiente con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) es «lo más que pueden llegar a recibir” por su negocio.

“Prácticamente (el comprador) paga la multa y con eso que se den por bien servidos”, dijo.

La retirada de Telefónica en México se ha construido por etapas. En 2019, la empresa comenzó a desprenderse de infraestructura, como la venta de 250 torres a American Tower y la venta de activos de fibra óptica a Neutral Works y Even Telecom.

Después, avanzó en la devolución de espectro, quedándose sin frecuencias para servicios celulares, lo que empujó a la compañía a migrar hacia un modelo de operador móvil virtual (OMV), basado acuerdos mayoristas.

El eje de ese giro fue el convenio con AT&T México firmado en 2019 y extendido hasta 2030, con el que los usuarios de Movistar cursan su tráfico sobre redes de AT&T, mientras Telefónica mantiene control sobre su núcleo, plataformas y estrategia comercial.

En la más reciente fase de simplificación, Telefónica vendió a Hiberus los últimos activos de centros de datos de su brazo de servicios digitales, Telefónica Tech.

Telefónica Movistar reportó en 2025 una base de más de 23,5 millones de clientes en México, aunque con presiones en rentabilidad, en un mercado dominado por Telcel (América Móvil).

En el diagnóstico de Piedras, la compañía cuenta con “una base de clientes de muy bajo valor” y un ingreso promedio por usuario (ARPU) de 70 pesos mensuales (casi 3,9 dólares), un perfil asociado históricamente al prepago y a consumidores de bajo consumo, más proclives a recibir que a generar tráfico y que no es “atractivo”.

A nivel corporativo, Telefónica formalizó en noviembre de 2025 su plan ‘Transform & Grow’, que concentra el foco en España, Alemania, Reino Unido y Brasil, junto con una estrategia de simplificación operativa y revisión de su exposición en América Latina, con sus recientes salidas de Colombia, Argentina, Ecuador, Uruguay y Chile.