La muerte de un bebé recién nacido ha provocado indignación en el estado de Puebla, luego de que sus familiares acusaran al personal del Hospital de la Mujer y Neonatología de Tehuacán de negarse a brindarle atención médica de urgencia. La madre, una mujer de 37 años, dio a luz en su domicilio con ayuda de una familiar, sin la intervención de profesionales de salud, y al llevar al menor al hospital, presuntamente se les impidió el acceso.
El bebé fue trasladado posteriormente al Hospital General de Tehuacán, donde ingresó sin signos vitales; el personal médico confirmó su fallecimiento y notificó al Ministerio Público, que ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar si hubo alguna omisión o negligencia en el actuar del personal de salud.
La Secretaría de Salud de Puebla informó que la madre fue atendida de forma oportuna y se encuentra estable. No obstante, la versión oficial asegura que el menor ya no presentaba signos vitales desde su nacimiento en el domicilio: esta narrativa contrasta con las declaraciones del padre del menor, quien aseguró a medios locales que su hijo aún respiraba cuando llegaron al hospital, pero no fue valorado por el personal médico. “Nos dijeron que no podían hacer nada porque el bebé no nació ahí”, relató.
La legislación mexicana es clara: ningún hospital público puede negarse a atender a una persona en situación de emergencia. El artículo 83 de la Ley General Reglamentaria del Sistema Nacional de Salud contempla sanciones para el personal que incumpla con esta obligación, independientemente del lugar de nacimiento del paciente.
Además, códigos de ética tanto médicos como de enfermería refuerzan el deber moral de brindar atención sin restricciones burocráticas en situaciones críticas.
Por ahora, la Secretaría de Salud y el IMSS-Bienestar indicaron que el caso está siendo revisado por las autoridades competentes, pero no se ha confirmado si algún integrante del personal fue separado de su cargo mientras se desarrolla la investigación.
La familia del bebé exige justicia y una explicación clara sobre lo ocurrido, mientras organizaciones civiles y ciudadanos han comenzado a pedir que se revisen los protocolos de atención de urgencias en hospitales públicos para evitar que hechos como este se repitan.
Fuente: Proceso