Lorena Cortés

Según el INEGI Entre 2016 y 2024 la pobreza multidimensional nacional bajó de 43.2% a 29.6% (-13.7 millones de personas) y la pobreza extrema también cayó 1.8 millones. Según la metodología oficial, la pobreza no se mide únicamente por el ingreso, sino también por el acceso a servicios básicos.  Una persona no es considerada pobre si supera el umbral de ingreso mínimo (aproximadamente 4 mil pesos mensuales por persona) y además cuenta con los servicios básicos como salud, agua, vivienda, alimentación y educación.

Más allá de la cobertura de los programas sociales, el verdadero factor que ha empujado a la población fuera de la pobreza ha sido el fortalecimiento del salario, con un aumento de más del 20 % en su capacidad de compra.

Sin embargo, al observar con detalle el caso de Michoacán, la realidad es compleja: 34% de la población —más de 1.6 millones de personas— enfrenta pobreza multidimensional. Este porcentaje supera la media nacional y revela un entramado de desigualdades que condicionan la vida de los michoacanos.

Johan Galtung definió la violencia estructural como aquella que, sin recurrir a un arma o un golpe, se manifiesta cuando las estructuras sociales e institucionales impiden que las personas desarrollen su potencial humano.

Bajo esta lógica, los indicadores de Michoacán son en sí mismos formas de violencia: 61.2% sin seguridad social, 46% sin acceso a salud, 20.4% sin alimentación adecuada y 25.7% con rezago educativo. Estos números no son solo estadísticas; y, aunque las transferencias directas a jóvenes, mujeres y adultos mayores han mejorado el ingreso de muchos hogares, la cobertura efectiva en salud y seguridad social sigue siendo preocupante.

Esto significa que de cada 10 michoacanos, 6 carecen de seguridad social, 5 no tienen acceso a servicios de salud, 2 no alcanzan una alimentación adecuada y 3 arrastran rezago educativo. En otras palabras, el dinero llega, pero la garantía de derechos (salud y seguridad social) aún no, siendo las zonas rurales las más afectadas.

Cuando 6 de cada 10 michoacanos carecen de seguridad social y casi la mitad no tiene acceso a servicios de salud, no estamos ante simples carencias, sino ante violencia estructural institucionalizada.

Lectura clave de la pobreza multidimensional en Michoacán debe leerse no solo como un indicador socioeconómico, sino como un termómetro de riesgo criminológico pues niñas niños y adolescentes sin acceso a educación de calidad o salud adecuada quedan expuestos al reclutamiento criminal.

En un escenario donde el endeudamiento público ya supera el 6 % del PIB, los datos oficiales ofrecen una fotografía incómoda: hay programas sociales que, pese al enorme gasto que representan, no están sacando a la gente de la pobreza. Más bien, terminan convertidos en transferencias de corto aliento, útiles para mejorar el ingreso inmediato, pero sin impacto estructural en salud, educación o seguridad social.

Los datos nacionales celebran menos pobreza; los de Michoacán advierten brechas críticas (educación, salud, alimentación) que, si no se cierran, seguirán alimentando en menor o mayor medida el mercado de reclutas del orden criminal.