Ciudad de México

Ocho organizaciones de la sociedad civil pidieron revisar la candidatura de Francisco Herrera Franco, aspirante a juez en el estado de Michoacán por estar presuntamente vinculado al asesinato de dos periodistas, así como extorsión a comunidades indígenas.

“Exigimos al Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que revisen de inmediato la idoneidad del perfil de Francisco Herrera Franco y que, en caso de que no cumpla con los requisitos para ocupar el cargo establecidos por la Constitución, se retire su candidatura de la elección judicial por representar un riesgo para la impartición de justicia y para los derechos humanos”, sostienen.

También piden a la Fiscalía General de la República y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que atraigan las investigaciones relacionadas con los asesinatos de los periodistas de Monitor Michoacán, así como todas las denuncias pendientes en contra de Herrera Franco.

Las organizaciones firmantes son Articulo 19, Defensorxs, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Laboratorio Electoral, Práctica: Laboratorio para la Democracia, Mexiro, Observatorio Sonora por la Seguridad y Politikiab.

Según la exigencia de las organizaciones, el ahora candidato se desempeñó como fiscal regional de Michoacán durante la administración del exgobernador Silvano Aureoles, y fue señalado por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, extorsionar a comunidades para obligarlas a trabajar para organizaciones criminales y fabricación de delitos.

Además, advirtieron su posible involucramiento en el asesinato de los periodistas Roberto Toledo y Armando Linares, del portal Monitor Michoacán.

“A ello se suman grabaciones filtradas en las que presuntamente pacta con líderes criminales, así como una denuncia por violencia institucional contra periodistas”, señala el comunicado.

De acuerdo con la publicación de El Universal, Herrera Franco fue apodado “El fiscal del terror” por su presunto historial de violaciones a derechos humanos, cooptación institucional y presunto pacto con grupos criminales, como quedó documentado en grabaciones filtradas donde se le escucha colaborando con un líder del crimen organizado en la región de Zitácuaro.

Diversas comunidades indígenas mazahuas lo denunciaron públicamente por presionar a sus habitantes para que se integran a un grupo criminal, hecho que derivó en el levantamiento de autodefensas y la denuncia pública contra su agresor.

*Información de El Universal