Nueva Delhi. - El Tribunal Supremo de la India inició este martes las audiencias de un proceso judicial que lleva años paralizado para determinar si la práctica de la mutilación genital femenina (MGF), presente sobre todo en una comunidad musulmana minoritaria del país, debe ilegalizarse.

El máximo tribunal indio ha creado una mesa especial de nueve jueces para dirimir si esta práctica, conocida localmente como 'Khatna', es una tradición protegida por la libertad religiosa o si constituye una violación de la integridad física y la dignidad de las mujeres.

El caso, que se encontraba en un "limbo legal" desde hace siete años, enfrenta dos artículos clave de la Constitución india, el derecho a la libertad de culto (Art. 25) frente al derecho a la vida y la dignidad (Art. 21), ambas contrapuestas y protegidas en la carta magna india.

El proceso surgió a partir de una demanda presentada en 2017 por la abogada Sunita Tiwari, que sostiene que el ritual que obliga a niñas de entre cinco y siete años a una intervención quirúrgica en sus órganos genitales es una forma de violencia de género con el único fin del control sexual.

La comunidad Dawoodi Bohra, de religión musulmana chií ismaelí, concentra la práctica en este país de mayoría hinduista y defiende que la circuncisión femenina es un "mandato religioso esencial" de sus dogmas milenarios de pureza.

Según los datos de la organización 'WeSpeakOut', la MGF afecta al 80 % de las mujeres Dawoodi Bohra en estados como Maharashtra, Gujarat, Rajastán o Kerala. El 97 % de las niñas describe la experiencia como un trauma doloroso y el 87 % reporta secuelas negativas de por vida.

Las audiencias contarán con la presencia de varias víctimas, entre las que destaca la activista Masooma Ranalvi, que sufrió la mutilación a los siete años y forma parte activa de la demanda.

Según los documentos judiciales publicados en el archivo del Supremo, los demandantes exigen que la práctica sea tipificada bajo la Ley de Protección de Niños contra Delitos Sexuales (POCSO), argumentando que cualquier contacto genital no consensuado en menores constituye una agresión sexual agravada.

A día de hoy, la India carece de una legislación específica que prohíba la mutilación en niñas. Según revelan las actas de las audiencias preliminares, el Gobierno ha justificado esta ausencia de un marco penal propio alegando que "no existen datos oficiales" sobre que la práctica suceda en el país.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) califica el 'Khatna' como mutilación de Tipo I y IV, en un rango intermedio que incluye desde la extirpación parcial o total del clítoris hasta el raspado o punción de los genitales, y advierte de que la práctica viola los derechos humanos de las mujeres.