Un caso de hemodiálisis en Michoacán llega a la Suprema Corte, mientras la crisis con los limoneros en Apatzingán profundiza el impacto económico en productores y exportadores locales

Pasos en la azotea

A finales de enero había mucha preocupación en algunas de las oficinas del gobierno estatal de Michoacán, pues varios de sus ocupantes sentían pasos en la azotea por un asunto que estaba próximo a ser tratado en la Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Se trata de un caso que se está llevando desde el Instituto Federal de Defensoría Pública en contra de quienes fueron responsables en el estado por la suspensión del servicio de hemodiálisis subrogado por el gobierno estatal y que afectó a cerca de medio millar de pacientes en el estado.

El caso habría costado al menos la vida de siete personas, por lo que las responsabilidades serían mayores para quienes se vieron involucrados en este asunto que ha escalado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Y más que el peso por las muertes registradas, a algunos de los responsables lo que más les preocupaba eran los términos del proyecto de sentencia que habría elaborado la ministra Loreta Ortiz Ahlf y que pisaba callos muy gordos dentro de la administración estatal.

Cuentan los que saben, que debido a que los alcances eran al más alto nivel en el mundo gubernamental estatal, se operó políticamente para frenar la discusión, por lo que el asunto fue retornado para una nueva revisión.

Aunque la intervención de algunos en el asunto pueda ser salvada, no lo será de todos, ya que el caso trae mucha cola y dicen que en el Instituto Federal de Defensoría Pública está la decisión de llegar hasta las últimas consecuencias. El tiempo lo dirá.

Quedando a deber

La presidenta Claudia Sheinbaum, ya empezó a deberle a Michoacán luego que su estrategia de seguridad para los cien primeros días de su gobierno, no sólo no reflejó en el estado los resultados proyectados, sino que la situación se ha agravado.

De manera particular esa estrategia planteaba para Michoacán, la atención a la extorsión en el ciclo productivo del limón, problemática que a 149 días de que la presidenta rindiera protesta al cargo, ha venido ahondándose.

Basta ver los datos del Consejo Regulador del Limón que a través de su presidente, Bernardo Bravo sostiene que las extorsiones mantienen de rodillas a los limoneros y que dos mil hectáreas de cultivo han sido abandonadas por temor a las minas y drones explosivos.

La situación es tan grave que pocos son los que quieren hablar de ello, incluidos los legisladores quienes optan por el silencio argumentando temor a las consecuencias que les pueda acarrear alguna declaración.

Lo cierto es que la situación del limón podría agravarse aún más, si la próxima semana el presidente Donald Trump determina que los aranceles del 25% a productos mexicanos, incluyendo los agrícolas sí serán aplicados como originalmente lo anunció.

No hay que olvidar que la próxima semana concluye el plazo de 30 días que dio el presidente norteamericano para poner en pausa los aranceles, y hay que recordar que así como con el aguacate, Michoacán es el principal exportador de limón a Estados Unidos en el país.

La ausencia de medidas eficaces, seguramente cobrarán en el muy corto plazo, una factura aún mayor para productores y exportadores michoacanos.