La elección popular de jueces en México, promovida como solución, evidencia problemas estructurales y riesgos de perpetuación de impunidad y culpabilización
El próximo 1 de junio, México vivirá un experimento democrático tan peculiar como irónico: elegir a ministros, magistrados y jueces mediante el voto popular. Sí, los mismos que durante años han sido el blanco favorito del discurso oficial, acusados de ser el cáncer de la “Cuarta Transformación”.
Ahora, el gobierno federal y sus aliados estatales, tras culpar al Poder Judicial de todos los males -desde la inseguridad hasta la inflación del precio de las tortillas-, nos invitan a votar por sus reemplazos. ¿La promesa? Que estos nuevos juristas, ungidos por la “voluntad popular”, resolverán mágicamente la corrupción, la impunidad y hasta el cambio climático.
El discurso oficial es claro: los jueces son los villanos. Según la narrativa gubernamental, ellos son los únicos responsables de que narcos como “El Chuy” (líder del CJNG en Zacapu) o “La Güera” (operadora financiera en Michoacán) queden libres. Claro, porque la -esa institución que detuvo a “El Chuy” en un operativo con tiroteos y bloqueos, y a “La Güera” sin disparar una sola bala- jamás comete errores. ¿O sí?
En ambos casos, los jueces desestimaron los casos por carpetas mal integradas: discrepancias en los tiempos del cateo, inconsistencias en testimonios o falta de pruebas contundentes. La Fiscalía General de la República, en lugar de admitir su chapucería, optó por lo habitual: culpar a los jueces de “corruptos” e incluso abrir investigaciones contra ellos. ¿Acaso no es la FGR la encargada de armar los casos con rigor? Parece que, para el gobierno, es más fácil demonizar a un juez que reconocer que sus fiscales presentan expedientes con más agujeros que un queso gruyere.
La legitimidad argumentada por la 4T sobre los juzgadores por venir, choca con la realidad de los perfiles cuestionados que hoy compiten, factura que los cuatroteístas han pretendido endosar a las autoridades electorales, pese a que los guindas y sus aliados, fueron quienes para la aprobación o rechazo de candidaturas.
A través de un proceso apresurado y desaseado, la Cuarta Transformación a través de los Comités de Evaluación, fue la que operó la definición de candidatos, enfocándose en colocar a los allegados y omitiendo una revisión rigurosa de la idoneidad del total.
Y aquí surge el dilema: cuando los nuevos jueces -elegidos “por el pueblo bueno y sabio” – sigan liberando a narcos por fallas procesales, ¿a quién culpará el gobierno? ¿Dirán que “el pueblo se equivocó”? ¿O inventarán que los carteles infiltraron las urnas? El chivo expiatorio ya no será el Poder Judicial, sino la “sabiduría popular” que ellos mismos promovieron.
Los nuevos jueces, por muy “legítimos” que sean, enfrentarán un dilema existencial: dictar sentencias justas y arriesgar sus vidas, o doblegarse ante amenazas y sobornos. ¿El Estado los respaldará? Difícil creerlo, cuando hoy ni siquiera protege a sus fiscales.
¿Y ahora qué, licenciado?
El 1 de junio no llegará la justicia revolucionaria que promete el discurso oficial. Llegarán más jueces, sí, pero en un sistema donde las fiscalías siguen presentando casos mal armados, los cárteles siguen corrompiendo instituciones, y el gobierno sigue buscando chivos expiatorios.
La verdadera transformación no está en las urnas, sino en admitir que el problema es estructural: sin fiscalías autónomas, sin investigaciones serias y sin protección a los jueces, México seguirá girando en la misma noria de impunidad.
Mientras tanto, el gobierno puede dormir tranquilo: siempre habrá un juez o un proceso electoral al que culpar. Al fin y al cabo, en este país, la única justicia que nunca falla es la de echarle la culpa al otro.
