Morelia, Michoacán

Por haberse dictaminado y votado “al vapor”, los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) votaron en contra de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, pues se inconformaron con que sólo se les hayan dado unas horas para revisarla.

El dictamen obtuvo en lo general 33 votos a favor, cinco en contra y se presentaron cuatro reservas, por parte de Antonio Carreño y Grecia Aguilar de MC, Xóchitl Ruiz del PVEM y Fabiola Alanís, de Morena.

Aunque horas antes había declarado en su rueda de prensa Guillermo Valencia anunció en tribuna que votarían en contra:

“Si bien es cierto que la ley orgánica es una confección que el fiscal hace de la fiscalía en la que busca trabajar y dar resultados, quiero decirles que los priistas somos muy cuidadosos de las formas, decía Jesús Reyes Heroles: ‘en la política, la forma es fondo’ y no podemos prestarnos a avalar algo si no cuidan las formas. Apenas ayer a las ocho de la mañana con un minuto recibimos este proyecto de dictamen y en un entorno tan complejo en el que vive Michoacán, con apenas un poco más de 24 horas, revisar un proyecto de ley orgánica y aprobarlo al vapor se me hace una absoluta irresponsabilidad”, sobre todo en el contexto que estamos viviendo”, manifestó en tribuna.

El dirigente del PRI dijo a los diputados que no le ayudan al fiscal general, Carlos Torres Piña, haciendo las cosas a la carrera y sentenció que no son sus empleados. Además, reflexionó que esta iniciativa se dictaminó a toda velocidad en la comisión de Justicia, cuando hay otras que llevan meses en espera de un dictamen:

“Diputados de Morena que se quejan del rezago que hay en la comsión de Justicia, no dictaminan iniciativas pendientes que tienen meses y esto lo sacan a la carrera ¿No creen que es una mala señal?”, cuestionó.

En defensa del dictamen, la morenista Eréndira Isauro, quien forma parte de la Representación Parlamentaria, reconoció que “sin duda tendrá algunas deficiencias o carencias”, pero apeló a que la ley es perfectible y a que según dijo, la Fiscalía General del Estado (FGE) ya era “prácticamente inoperante”.

También en tribuna, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Vanessa Caratachea, le respondió que no son meras deficiencias, sino errores legislativos, pues no había razón de peso para justificar la dispensa de la segunda lectura, se presenta invasión de competencias y no cuenta con un estudio de impacto pressupuestal, como requiere la ley.

Precisó que esta ley prevé la creación de una unidad para detectar actos de corrupción en cualquier servidor público que participe en procesos judiciales, lo cual corresponde una invasión al Poder Judicial, que ya cuenta con el Tribunal de Disciplina Judicial.

La presidenta de la bancada del PAN, Teresita Herrera, agregó que además no se consultó a expertos en la materia, se cambia a la categoría de vicefiscalía la Fiscalía Especializada en Atención a Feminicidios y no se le dan atribuciones concretas, además de que no se contempló la asignación con paridad de género de los cargos de fiscal.

Consideró que estas deficiencias se deben a haber hecho las cosas al vapor, sin análisis y “al revés” y haber comenzado con la reforma al Poder Judicial y no a los ministerios públicos y fiscalías primero.

“No vamos a estar preguntando aquí a los neoliberales si les parece o no (…) No voten, no ocupamos su voto”, respondió, como en cada discusión, el petista Baltazar Gaona.

Juan Carlos Barragán, de Morena, enfatizó que hay más de 190 inciativas, más del 50 por ciento de las que se han presentado, se acumulan en la comisión de Justicia, pero justificó su voto a favor diciendo que no está funcionando el sistema actual de procuración de justicia, pues sólo el 10 por ciento de las carpetas que se inician es judicializado sólo se denuncian 10 de cada 100 delitos cometidos.

Antonio Carreño, de Movimiento Ciudadano, habló a favor del dictamen, argumentando que tiene una “visión de género” y de protección a la niñez, acceso más expdito a la justicia y modernización de la FGE, pero que en dos temas particulares estaba en contra.

Primero, que por dictaminar de prisa, no se había consensuado entre diputados ni con la población en general y segundo, que da atribuciones a la fiscalía para solicitar información bancaria sin control judicial, lo cual ya ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no es legal.