Ciudad de México

El mundo de la música mexicana está siendo golpeado por una fuerte batalla legal: el cantante Gerardo Ortiz confesó este miércoles ante Estados Unidos sus vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización recientemente declarada terrorista en aquél país.

Y es que el cantante se declaró culpable de conspiración por violar la Ley Kingpin, una legislación de Estados Unidos que otorga al gobierno de ese país la facultad de imponer sanciones a individuos y entidades extranjeras involucradas en el tráfico internacional de narcóticos, afirmó el medio internacional Rolling Stone.

La información reveló que el intérprete de 35 años aceptó que participó en al menos seis conciertos en México, organizados por el promotor Jesús Pérez Alvear, quien fue señalado de estar vinculado al CJNG.

El promotor es acusado de lavar dinero a favor de la organización criminal, por lo que los fiscales de Estados Unidos alegan que Ortiz fue consciente de estos vínculos, lo que llevó a su acusación bajo la Ley Kingpin.

La Ley Kingpin, o Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico, se implementó en 1999 como una herramienta crucial en la lucha contra el narcotráfico a nivel internacional.

Esta legislación permite al gobierno de los Estados Unidos sancionar a personas, empresas e incluso gobiernos extranjeros que participen directamente o faciliten el tráfico de drogas; las sanciones pueden incluir la congelación de activos en territorio estadounidense, restricciones en la entrada de los involucrados al país y prohibiciones de hacer negocios con entidades estadounidenses.

Aunque la declaración de culpabilidad de Ortiz salió a la luz por medio de la publicación hecha por Rolling Stone, ésta se había mantenido en secreto durante un tiempo mientras el cantante cooperaba con las autoridades, en particular con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), en la investigación contra Ángel Del Villar, conocido productor musical y exrepresentante del músico.

Del Villar, quien actualmente enfrenta cargos por violar la misma ley, está siendo juzgado en una corte federal de Los Ángeles.