Jonathan Maldonado Hernández, uno de los pocos sobrevivientes del ataque a estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014, falleció recientemente sin recibir el acompañamiento que durante años demandó del Estado mexicano. Su muerte, confirmada por el Colectivo Nacional de Sobrevivientes, ha reavivado críticas hacia las instituciones encargadas de la atención a víctimas.

Maldonado fue herido de gravedad durante la noche trágica en Iguala, Guerrero, y desde entonces padeció secuelas físicas y emocionales. La herida en su mano derecha le dejó una discapacidad permanente, y pese a su condición, colaboró de manera activa con organismos nacionales e internacionales, incluyendo la Fiscalía General de la República y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Su testimonio ayudó a esclarecer parte del entramado de responsabilidades en torno a la desaparición de los 43 estudiantes. Fue una voz incómoda pero esencial en el largo camino hacia la verdad.

Sin embargo, según denuncias del colectivo, Jonathan fue ignorado por las autoridades encargadas de su atención y durante años vivió sin acceso adecuado a servicios médicos, rehabilitación ni apoyo psicológico, a pesar de ser reconocido formalmente como víctima. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) habría incumplido con su deber de acompañamiento integral, dejando a Maldonado en condiciones de vulnerabilidad.

En sus últimos días, debió ser atendido en una clínica privada por falta de respuesta de los servicios públicos de salud. El gobierno federal prometió hacerse cargo de los gastos funerarios, pero hasta la publicación del comunicado del colectivo, dicha promesa seguía sin cumplirse.

“La muerte de Jonathan es también una evidencia del abandono estructural al que se somete a los sobrevivientes del caso Ayotzinapa”, lamentaron sus compañeros. Denunciaron que fue revictimizado y relegado, incluso después de haber ofrecido su testimonio para que se hiciera justicia.

El caso Ayotzinapa, a más de una década, sigue generando repercusiones. Apenas hace unas semanas, se reportó la detención de Lambertina Galeana Marín, exmagistrada del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, acusada de destruir grabaciones que podrían contener evidencia clave sobre lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014.

Mientras tanto, familiares de las víctimas y sobrevivientes continúan exigiendo justicia, atención y garantías de no repetición.

Fuente: El Imparcial