Esta plataforma fue señalada por difundir desinformación política a través de spots y reclamar derechos de autor para eliminar videos críticos.

Redacción / La Voz de Michoacán

Ciudad de México. El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), está siendo acusado de tener contratos de 28 millones de pesos a la empresa Creación y Difusión de Contenido Web SA de CV, mejor conocida por operar el canal Badabun, según revela una investigación del medio .

De acuerdo al reportaje del medio nacional, la plataforma Badabun, que promocionó candidatos de distintos partidos, incluyendo a Movimiento Ciudadano y al PVEM, recibió contratos irregulares, el más alto de estos contratos, registrado en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), es de 16 millones de pesos para "servicios de estrategias digitales" y la producción de 320 reels, fotos e infografías que promueven a los candidatos del Verde al Senado de la República.

Según los datos publicados por Animal Político, en Yucatán, Quintana Roo, Morelos y Guanajuato, se ubicaron ocho contratos adicionales, con montos entre 36 mil y 50 mil pesos cada uno, para promover a candidatos locales del PVEM, como Virginia Magaña y Jorge Carlos Ramírez Marín. Algunos de los spots incluían mensajes engañosos sobre las capacidades y promesas de los candidatos, como la solución a problemas de agua y acceso inmediato a medicamentos.

En este contexto, Badabun enfrenta este tipo de controversias desde hace tiempo, en febrero pasado, el canal reclamó derechos de autor para eliminar videos de plataformas como YouTube. Estos videos mostraban a Samuel García, gobernador de Nuevo León, y Jorge Álvarez Máynez, líder de Movimiento Ciudadano, bebiendo en un estadio y haciendo críticas políticas. Entre los afectados por estas eliminaciones se encontraban programas de "Me lo dijo Adela" y MVS Noticias.

En julio de 2023, se denunciaron acuerdos entre el Ayuntamiento de Tijuana y Badabun, otorgando a la empresa derechos exclusivos sobre transmisiones municipales. Medios y periodistas criticaron esta decisión, argumentando que eliminaba publicaciones que utilizaban material producido con recursos públicos, sometido a leyes de transparencia.