Morelia, Michoacán, 14 de enero de 2025.- Desde la entrada en operaciones del INFONAVIT, el 1 de mayo de 1972, se convirtió en el principal organismo a partir del cual se ha estructurado la política de vivienda en México, con la finalidad de hacer realidad el derecho constitucional a una vivienda digna. Sin embargo, por recomendación del Banco Mundial, en 1992 se reforma la Ley del Infonavit para enfocarse en el otorgamiento de créditos y dejar la construcción de viviendas a actores privados y su regulación a la oferta y demanda. Como suele suceder con muchas de las políticas, entre lo proyectado y la realidad hay una diferencia radical.
Los extensos desarrollos habitacionales con miles de viviendas que comenzaron a edificarse en las ciudades, son la materialización de varios factores: I) La oportunidad financiera para empresas inmobiliarias que vieron un atractivo nicho de mercado, en virtud de los cientos de miles de derechohabientes cautivos; II) La deseabilidad de miles de familias de trabajadores que después de años de trabajo tenían la posibilidad de adquirir una vivienda; III) Trabajadores que sin necesitar una vivienda, vieron la oportunidad de usar su crédito y adquirir una casa con la única finalidad de acrecentar su patrimonio rentándola y IV) funcionarios corruptos que lucraron otorgando autorizaciones para urbanizar predios alejados de la ciudad, en zonas de riesgo, zonas inundables e incluso sin posibilidad de servicios básicos.
El fracaso de la política habitacional es más que evidente, para el 2010 el Gobierno Federal señaló que había 5 millones de viviendas deshabitadas en México, para el año 2020 aumentó a 6 millones. Las cifras han sido muchas y muy variadas, se distingue entre viviendas deshabitadas, abandonadas, nuevas sin vender, en litigios legales y demás clasificaciones que sólo ilustran la complejidad del problema. Incluso aquellas que por corrupción fueron sujetas de un crédito sin el respaldo suficiente.
Hoy las viviendas que no están ocupadas se han convertido en problemas de inseguridad, delincuencia, de acumulación de basura, afectaciones a la plusvalía, invasiones y litigios, entre otros. Esta situación ha dejado en evidencia dos ausencias significativas, la del inmobiliario y la del INFONAVIT, a quienes no parece importar el problema generado. Alarmante resulta el hecho de algunas declaraciones en términos de que la subdirección general de Gestión de Cartera del INFONAVIT no cuenta con un análisis sobre las causas que motivan a los derechohabientes a abandonar su vivienda.
Lo alejado de la ciudad, el aislamiento de equipamientos educativos y de salud, la falta de servicios básicos, la inseguridad, la imposibilidad de pagar el crédito, las causas son muchas y dependen de la realidad de cada familia. Por esta razón, se requiere de múltiples estrategias, de la suma de esfuerzos de todos los ámbitos de gobierno. Si las autoridades no otorgaran autorizaciones indebidas, los promotores inmobiliarios no edificarían viviendas alejadas de la ciudad y los habitantes de estas no tendrían que invertir tanto tiempo en trasladarse, ni se ocuparían tantos vehículos de transporte público para trasladarlos diariamente a su trabajo o escuela.
Hoy se discute una reforma al INFONAVIT que pretende no sólo la construcción de hasta 75 mil viviendas por año, sino que ahora el gobierno sea quien construya las viviendas, esto obviamente no elimina la corrupción de funcionarios para seguir construyendo en zonas no aptas para viviendas, otorgar créditos sin sustento, construir con baja calidad, modificar reglamentos para disminuir dimensiones y aumentar precios, etc. No necesariamente se requiere de nuevas leyes o grandes reformas, sino sumar esfuerzos en el ámbito de sus competencias para un mismo objetivo.
