Morelia, Michoacán, 25 de marzo de 2025.- Si algo caracteriza a las ciudades hoy en día es la generación permanente de conflictos, la mayoría de ellos como resultado de una disputa territorial, ¿quién ocupa el espacio?, ¿cómo se debe ocupar el espacio?, ¿quién se beneficia? ¿quién manda? ¿Cómo me afecta que otros usen u ocupen el espacio? Y tal vez la pregunta de fondo siempre resulta ser sobre quién decide y porque se considera que puede decidir.
Un punto de partida importante es comprender que los conflictos no deben entenderse como una situación connatural en las relaciones humanas, más aún, el conflicto no siempre debe comprenderse como algo negativo. La mayoría de las veces los conflictos ponen en evidencia la falta de eficacia jurídica, la necesidad de actualizar normativas, el desconocimiento de la autoridad o su falta de capacidad técnica; así como el privilegiar intereses personales sobre el interés público. Aquí es donde los actores involucrados en estas situaciones específicas cobran relevancia.
En este contexto, sobre los conflictos que se han presentado en Morelia con respecto al transporte público, y cuya narrativa principalmente se limita al ámbito político, se identifican al menos cuatro aspectos relevantes a considerar:
El primero de ellos es la estructura de la ciudad, que es dinámica y se modifica con el tiempo, simplemente hay que pensar que anteriormente la mayoría de los empleos se concentraban en el centro urbano, mientras que ahora hay una gran cantidad de establecimientos comerciales, administrativos y de equipamiento, cuya concentración fuera de la zona centro constituye importantes núcleos concentradores de empleo, razón por la cual se convierten en puntos de “atracción” a los que los habitantes requieren o desean ir y, por lo tanto, constituyen destinos altamente deseados para el transporte público.
Un segundo aspecto es la estructura vial, pues la limitada inversión en vialidades ha propiciado que la expansión del área urbana, pese al incremento evidente de la población, se vea condicionada en su funcionamiento a las mismas vialidades que, aún y cuando se sabe que son insuficientes, no existen alternativas, y se convierten en paso obligado para los vehículos, incluso en éstas confluye una significativa cantidad de rutas de transporte público.
El tercer elemento son las rutas de transporte público, cuyo dinamismo les permite buscar una adecuación constante a la necesidad de movilidad de acuerdo con la ubicación de nuevos desarrollos habitacionales, cada vez más alejados del área urbana y por lo que, en la mayoría de las veces, constituyen ampliaciones formales o informales, de las rutas autorizadas. Con el consecuente aumento de unidades para buscar satisfacer la creciente demanda de usuarios.
Los usuarios que históricamente han sido vistos como un “cliente cautivo” en la actualidad, en el marco del Derecho a la Ciudad se fortalece su demanda de un servicio eficiente, eficaz y asequible, situación que ha propiciado el surgimiento de plataformas digitales enfocadas a cubrir estos nuevos requerimientos de servicio.
Con base en lo anterior, se debe comprender que muchas de las situaciones de conflicto se generan por las representaciones sociales ante la insatisfacción, incumplimiento o falta de atención de cuestiones contempladas o no dentro de los marcos normativos formales. Desde esta perspectiva, los conflictos sirven para incorporar nuevos temas en la agenda política. Tal es el caso del Transporte público que, en la búsqueda de un mayor control, pasó de una Subsecretaría de Movilidad a un Instituto de Transporte, sin que esto conlleve la adecuación a la realidad urbana.
Si de uno u otro modo el transporte público se encontraba en “aparente equilibrio”, la propuesta del gobierno estatal del llamado cablebús, sin previos estudios que avalen su necesidad, la intención de un sistema denominado BRT por sus siglas en inglés (Bus Rapid Transit) y la ausencia en el tratamiento de una dimensión metropolitana, que no sólo obliga a sentar en la mesa de las negociaciones a cuatro distintos ayuntamientos (Morelia, Tarímbaro, Charo y Álvaro Obregón) sino al Gobierno Federal, por los tramos carreteros en los que tiene jurisdicción para la autorización de transporte público.
No se debe olvidar que los conflictos urbanos no siempre emergen como producto de una situación puntual, sino que forman parte de procesos muchas veces latentes que se han ido articulando a lo largo del tiempo, llegando a manifestarse según determinados contextos de oportunidades políticas.
En este sentido, el transporte público se convierte en un espejo de los retos que enfrentan las ciudades en su conjunto: decisiones centralizadas, ausencia de planeación integral, rezago normativo y una limitada participación ciudadana.
Abordar el conflicto desde el enfoque del Derecho a la Ciudad implica reconocer que el espacio urbano pertenece a todos y que su diseño y gestión deben responder a las necesidades reales de la población, garantizando accesibilidad, equidad y sustentabilidad en el ejercicio pleno de sus derechos.
