La Barra Mexicana de Abogados enfatiza la importancia de respetar el orden constitucional frente a la Reforma Judicial en México.

La Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA), ha emitido un llamamiento a los poderes gubernamentales para asegurar la preservación del orden constitucional frente a las modificaciones recientes al Poder Judicial Federal, aprobadas el 15 de septiembre de 2024 en la reforma judicial.

Mediante un comunicado, la BMA subrayó la necesidad de que los actores políticos y las autoridades respeten la Constitución y las leyes vigentes, especialmente las suspensiones otorgadas en los amparos contra la reforma.

“Ninguna autoridad tiene la facultad de ignorar las suspensiones concedidas”, recalcó el documento.

El comunicado también rememora el bicentenario de la Constitución de 1824, celebrado el 4 de octubre de 2024, que instauró los cimientos de la República federal representativa y la separación de poderes en México.

Para la BMA, estos principios son cruciales para asegurar el respeto a los derechos humanos y la integridad del Estado de Derecho Constitucional.

No obstante, la BMA manifestó su preocupación por el incumplimiento de algunas autoridades a las suspensiones dictadas por jueces en los amparos interpuestos, lo que “vulnera el orden constitucional”.

Examinar Reforma Judicial Insta la Barra Mexicana de Abogados

Asimismo, la organización destacó la urgencia de examinar detenidamente la reforma al Poder Judicial Federal para corregir posibles inconsistencias tanto en el texto constitucional como en su concordancia con los tratados internacionales sobre derechos humanos.

En este contexto, subrayaron que “no es conveniente promulgar las leyes secundarias hasta no revisar lo anterior”, ya que esto podría provocar más impugnaciones y violaciones a tratados internacionales.

La BMA concluye con un llamado a los poderes políticos y autoridades para solucionar los conflictos “en estricto apego a la Constitución y las leyes”, alertando que la falta de cumplimiento podría desatar una crisis que amenace el Estado Constitucional de Derecho, la seguridad jurídica y la estabilidad del país.

Subrayan la importancia de que se respeten los mecanismos establecidos en la Ley de Amparo para proteger el equilibrio constitucional y prevenir daños irreparables a la estructura jurídica de la nación.