La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno solicitó la remoción inmediata de Javier Tapia Santoyo, actual secretario de Administración del IPN, ante denuncias de contratos irregulares y supuesto enriquecimiento ilícito. 
Según el expediente de investigación, durante su paso por el ISSSTE de 2019 a 2022, Tapia Santoyo habría favorecido a empresas consideradas “fantasma”, las cuales recibieron adjudicaciones por insumos médicos por un monto superior a 1,600 millones de pesos; por su parte, en el IPN impartió un contrato de servicios de limpieza a favor de una empresa vinculada al llamado “cártel de la limpieza”, por alrededor de 2,500 millones de pesos, en un acuerdo plurianual que va hasta 2028.
La solicitud de destitución también incluye medidas cautelares: retirada de acceso a cuentas institucionales, bloqueo de permisos en sistemas del IPN y retiro de cualquier responsabilidad administrativa, con el fin de prevenir la eliminación o manipulación de pruebas. 
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Organismos ciudadanos denunciaron desde noviembre pasado, ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los presuntos delitos de fraude, cohecho, tráfico de influencias y falsificación de documentos, que habrían permitido desviar recursos públicos en ambas instituciones. 
El caso ha generado críticas por lo que representa: una posible red de contrataciones internas que habría ignorado controles de transparencia y convocatorias abiertas. Para algunos analistas, la situación evidencia la vulnerabilidad del uso de recursos públicos cuando faltan mecanismos eficaces de supervisión.
Si quieres, puedo preparar una nota aún más analítica, enfocada en las implicaciones que este caso tiene para la rendición de cuentas en instituciones públicas en México.
Fuente: sdpNoticias
