Ciudad de México

Unos tres días antes de dejar el cargo, el general en retiro Audomaro Martínez Zapata, exdirector general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, firmó personalmente reservar por cinco años su declaración patrimonial; su argumento fue que al hacerla pública pone riesgo a la seguridad nacional y que miembros de la delincuencia organizada podrían extorsionarlo o atentar contra su vida.

En la resolución CNI/CT/080/24/01, de la que El Universal posee copia, se indica que el 27 de septiembre de 2024, tres días antes de terminar el sexenio anterior, Martínez Zapata firmó personalmente una resolución para reservar por cinco años su declaración patrimonial y la de todos los funcionarios del CNI. Afirmó que revelar esta información patrimonial podría ser utilizada para “potenciar” algún riesgo o amenaza a la seguridad nacional.

Las declaraciones patrimoniales del exdirector del CNI, y de todos los funcionarios, no podrán ser públicas —como ocurre con todos los funcionarios del gobierno federal, entre ellos la presidenta Claudia Sheinbaum— en la plataforma Declaranet, operada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, cita El Universal en su edición de este jueves 1 de octubre.

“Su divulgación permitiría que miembros de la delincuencia, al identificarlos, procedan a amenazarlos o extorsionarlos, a fin de que dicho personal les proporcione información privilegiada respecto de las operaciones que realiza”.

Será hasta septiembre de 2029 que se conozcan los bienes patrimoniales del general en retiro Audomaro Martínez Zapata.

Excomisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) cuestionaron que el general Audomaro Martínez Zapata haya reservado por cinco años su declaración patrimonial, pues recordaron que es una obligación para todo funcionario federal y que no deben estarse clasificando sólo por pertenecer a una institución de seguridad.

Adrián Alcalá Méndez, último comisionado presidente del Inai, señaló que la Ley Federal de Transparencia permite que organismos de seguridad, como el CNI, no estén sujetos a la autoridad de los Comités de Transparencia y que sus funciones sean responsabilidad exclusiva del titular de la institución; sin embargo, cuestionó las razones de esta reserva.

Julieta del Río Venegas, excomisionada del Inai, señaló que las reservas patrimoniales por cuestiones de seguridad nacional no deberían aplicarse sólo por pertenecer a una institución de seguridad.

“Vamos a seguir insistiendo que una declaración patrimonial no pone en riesgo a ninguna persona. Para eso existe la versión pública y eso está en la Ley de Transparencia”, aseguró.

Agregó que “la declaración patrimonial es pública y deben hacer, en su caso, una versión pública, de acuerdo con la Ley de Transparencia, y es una obligación de oficio que debe estar permanentemente en el portal”, dijo.