Ciudad de México. Un juez federal definió que la toma de las instalaciones de la siderúrgica ArcelorMittal, en Lázaro Cárdenas, por sus trabajadores desde finales de mayo pasado es ilegal, mientras la empresa detalló que ya tramita sus despidos por esta causa.

Así lo dio a conocer este viernes ArcelorMittal en un comunicado en el que menciona que el juez quinto de distrito en materia de trabajo de la Ciudad de México definió “no dar trámite al caso por ser una huelga irregular”.

La razón principal del juez para que no atendiera el emplazamiento a huelga que solicitó el Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana fue que “sucedió antes de notificar a la compañía y autoridades correspondientes en el tiempo establecido” en las leyes laborales mexicanas.

El juez ya había negado esta solicitud por la misma razón, pero la sección 271 del sindicato, que representa a los trabajadores de la compañía siderúrgica, se dijo inconforme y se amparó.

En esta demanda de amparo, el sindicato trató de desacreditar al actuario que acudió a la compañía en Lázaro Cárdenas, donde se ubica la empresa, y quien dio fe que las instalaciones estaban tomadas y confirmó la restricción violenta de los accesos.

El pasado 24 de mayo, trabajadores de ArcelorMittal iniciaron una huelga en la mina y planta de la empresa en Michoacán, pero su emplazamiento se notificó a la compañía seis días después, hasta el 30 de junio, señalando el juez el estallamiento hasta el 11 de junio.

ArcelorMittal afirmó que estas acciones son parte de un “secuestro de las instalaciones por parte de los trabajadores inconformes y el sindicato que lo representa para obligar a la empresa pague a los trabajadores montos excesivos no establecidos en la ley”.

Además, consideró que la resolución del juez constituye un motivo legal para que la siderúrgica termine de forma definitiva con la relación laboral que mantenía con los trabajadores que participaron en la huelga.

La empresa indicó que este proceso ya se lleva a cabo a través de los Tribunales Colectivos de Trabajo de la capital mexicana, “quienes en breve dictarán la resolución respectiva, la que, de ser positiva, extingue el contrato colectivo de trabajo (CCT) y termina los contratos y relaciones con todos y cada uno de los trabajadores”.

La semana pasada la empresa había ofrecido a los trabajadores y el sindicato llegar a un acuerdo, el cual estimaba un pago de 2.000 dólares por trabajador y un monto de reposición del 75 % por los días no laborados durante la huelga, así como evaluar el correcto pago de las utilidades que por ley da la empresa cada año a sus colaboradores.

No obstante, los trabajadores definieron el pasado 9 de julio rechazar este acuerdo.

Por esta huelga irregular, organismos como la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero manifestaron su preocupación por el impacto económico que ocasiona la huelga de los trabajadores en el comercio y en la interrupción a toda la cadena de valor en Norteamérica.