Morelia, Michoacán
Tras el homicidio de Alejandro Ruiz Mancera, ocurrido en diciembre pasado en el municipio de Tuxpan por una supuesta disputa vecinal, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán lamentó la falta de avances en la investigación y denunció supuestas violaciones a la libertad de expresión.
De acuerdo con el abogado que representaba a la víctima, Raúl Ocelotl, tanto él como los familiares del fallecido están siendo víctimas de amenazas.
“Es inadmisible que un conflicto vecinal termine en un homicidio y que no se esclarezca. Exigimos justicia para Alejandro Ruiz y medidas concretas contra los responsables”, declaró Guillermo Valencia en rueda de prensa.
Raúl Ocelotl señaló que las autoridades han mostrado negligencia en el seguimiento del caso, incluso sugirió que una ministerio publico de Tuxpan de nombre Diana está involucrada con crímenes de desaparición de personas.
También la acusó de coartar su libertad de expresión, pues se le impidió ingresar su teléfono celular a la Fiscalía Regional de Tuxpan, mientras que al ingresar a la de Zitácuaro no tuvo ningún problema y posteriormente recibió amenazas cuando denunció lo ocurrido en sus redes sociales.
El abogado relató que Alejandro Ruiz sufría de hostigamiento por parte de sus vecinos, quienes además de agredirlo verbalmente y amenazarlo de muerte, le tiraban piedras y lo despojaron de su camioneta y es por ello que había iniciado un procedimiento legal el pasado 23 de diciembre, lo que culminó en su asesinato el día 30 de ese mismo mes.
La ministerio público que los atendió, a la que el abogado señala de complicidad, les tomó la denuncia “muy de malas”, insistiendo en que tenía prisa, apurando al señor a declarar.
EL 30 de diciembre recibió una llamada en donde se le informó que el señor Alejandro Ruiz había sido “levantado”, que lo habían “agarrado a tablazos” y que ahora estaba en un hospital, donde falleció a causa de los golpes recibidos. Era el sostén de su esposa y sus cuatro hijos.
El PRI Michoacán solicitó públicamente medidas de protección urgentes para los familiares de la víctima y el defensor, pues aun no cuentan con ningún protocolo de atención.
