Morelia, Michoacán
El Ejército ya sabía que había minas en Buenavista y Cotija y aun así enviaron a los militares que murieron sin el equipo adecuado, aseguró el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guillermo Valencia Reyes.
“Se me hace una irresponsabilidad que si yo hace dos meses les dije que es una zona de guerra y hablamos de minas, cómo envian a dos militares sin el equipo adecuado”, declaró desde su rueda de prensa semanal.
Expuso que el pasado 19 de octubre, en ese mismo espacio, leyó una carta que le hizo llegar una persona que precisamente habitaba en Paredes del Ahogado, Buenavista, donde fallecieron dos militares hace unos días, y que ya hablaba de desplazamiento de familias y de minas.
“Me extraña que el gobieno no haya tomado cartas en el asunto”, dijo.
El dirigente del PRI mostró un mapa para señalar que desde Cotija hasta Buenavista “es una zona minada” y exhortó a las fuerzas militares a que dejen de exponer a sus elementos:
“Sí queremos presencia del ejército, pero no para que los maten”, expresó.
Señaló que Michoacán aporta el 20 por ciento de muertos a nivel nacional por explosiones de minas y consideró que “nos vemos mal” y cuestionó que las fuerzas delincuenciales tengan más inteligencia que las de las fuerzas armadas.
Puso en duda que las autoridades no tengan conocimiento de esta presencia del crimen, y también que no puedan bloquear la señal para el uso de drones en la sierra, si lo pueden hacer en los aeropuertos o investigar quiénes son los proveedores para el armado de vehículos blindados artesanales.
También sugirió que el gobierno federal está exponiendo la corrupción del Infonavit para desviar la atención:
“No quieren que hablemos de los cuatro militares y de las familias que se quedaron incompletas y que pasarán una Navidad muy triste, por eso sacan su vacilada del Infonavit” declaró.
Sin embargo, por otro lado, Memo Valencia consideró que es muy pronto para juzgar la estrategia de seguridad del gobierno federal, especialmente tomando en cuenta la impunidad que imperó durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y consideró que habría que esperar al menos seis meses para valorar sus efectos.
