Al no acceder a las exigencias, el profesionista fue objeto de represalias, entre ellas, la quema de su despacho, hecho que motivó la denuncia correspondiente

Redacción / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS), obtuvo de un Juez de Control vinculación a proceso en contra de Juan “N”, por su posible participación en el delito de extorsión.

El mandato judicial fue ejecutado este día, mediante una orden de cateo realizada en un domicilio de la colonia Emiliano Zapata, de este municipio, donde el investigado se encontraba resguardado. La ubicación del inmueble fue posible gracias a información recibida de forma anónima a través de una llamada al número 089, lo que resultó determinante para su localización.

De acuerdo con los datos que obran en la Carpeta de Investigación, en el mes de mayo de 2025, un abogado fue víctima de extorsión, luego de que el imputado en complicidad de otra persona, acudiera a su despacho para exigirle el pago de una cuota mensual, además de una multa de 400 mil pesos por supuestos adeudos previos, solicitando los pagos mediante depósito bancario.

Al no acceder a las exigencias, el profesionista fue objeto de represalias, entre ellas, la quema de su despacho, hecho que motivó la denuncia correspondiente y el inicio de actos de investigación por parte de la UECS.

Durante las investigaciones, la UECS logró establecer la posible participación del  investigado en el hecho, por lo que se solicitó orden de aprehensión en su contra, misma que fue cumplimentada con el apoyo de autoridades estatales y federales.

Juan “N”, fue presentado ante el órgano jurisdiccional que lo vinculó a proceso, le fijó prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de cuatro meses  para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán refrenda su compromiso de coordinar esfuerzos interinstitucionales para el combate frontal a la extorsión y a cualquier conducta que atente contra la seguridad y patrimonio de las y los michoacanos.