Morelia, Michoacán
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que el estado trabaja en una reforma para afrontar la violencia generada por menores de edad, en particular, por adolescentes.
Explicó que esta iniciativa pretende incluir a los adolescentes, de 15 a 17 años, quienes, entre los menores de edad, tienen una conciencia plena de sus actos, y son capaces de con alevosía y ventaja planear hacer daño a otros, mediante la comisión de diferentes delitos.
Con ello, se espera que estos menores de edad infractores sean sujetos a una cuestión punitiva legal.
Ramírez Bedolla explicó que fue la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha pedido abrir el debate sobre los menores de edad que incurren en la comisión de delitos, y “en Michoacán estamos en el debate”.
Agregó que actualmente se trabaja con expertos en la materia y el Sistema de Protección Integral para Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna). La iniciativa será presentada ante el Congreso del Estado hasta que sea “perfectamente analizada y consultada con diferentes especialistas”.
A discusión, propuesta de reforma electoral
En relación con la iniciativa de reforma electoral, Alfredo Ramírez consideró que este miércoles estará incluida en el orden de trabajo de los legisladores estatales.
Ya ha comenzado a circular entre los diputados locales, luego de que la comisión de Asuntos Electorales, del Congreso de Michoacán, la generase como dictamen.
Entre los aspectos más relevantes comprendidos en la propuesta, Ramírez Bedolla explicó que se tiene la exigencia de una acreditación de no deudor alimenticio para todos los aspirantes a cargos de elección popular, a partir de los comicios correspondientes a 2027.
“Esto es, que así como sacan la carta de no antecedentes penales ante las fiscalías generales de la República (FGR) y del Estado (FGE), deberán sacar el documento que especifica que no son deudores alimenticios, si no lo hacen, no podrán aspirar ni a una regiduría o a una diputación plurinominal”, expresó.
Aseguró que ha dado su respaldo a la medida, que prevé garantizar que no llegarán a puestos de elección popular violentadores de mujeres, niños y dependientes económicos.
