Morelia, Michoacán, 25 de noviembre de 2024.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, avanza en su multimillonario negocio de construcción de teleféricos en Morelia y Uruapan; con engañosas estrategias, utiliza a los sectores como el estudiantil con la pretensión de cubrir sus perversos fines que nada tienen que ver con el interés por el bienestar de una población asolada por la inseguridad y con servicios deficientes en salud y educación entre otros.

Es urgente que se respete la opinión de expertos, la legislación vigente y las voces de los transportistas y ciudadanos en general antes de continuar con un proyecto que carece que de legitimidad y también, de licencias de construcción por parte del ayuntamiento de Morelia que, con debil voz ha coincidido en que falta transparencia en el proyecto.

Así lo destacaron esta mañana transportistas michoacanos en el marco de su reunión semanal que encabezó el Dirigente José Trinidad Martínez Pasalagua quien lamentó que el gobierno mantenga una actitud de cerrazón y perversa opacidad en torno a estos proyectos.

Destacó en esta reunión, la exigencia de transportistas al jefe del ejecutivo en Michoacán para que presente públicamente los estudios de impacto social, ambiental y económico, con un análisis específico de los beneficios reales para estudiantes y sociedad en general.

Respeto a las leyes y normativas cabe hacer mención que en Uruapan, el gobernador Ramírez Bedolla, hace caso omiso a la determinación de los jueces que luego de 9 los amparos interpuestos contra la obra del teleférico, ha continuado con los trabajos.

En otro de los puntos de esta reunión, destacó lo que calificaron como “una campaña para justificar lo que a todas luces es un negocio multimillonario que poco o nada tiene que ver con buscar una mejor vida para las y los michoacanos y de manera perversa utilizan sectores de la sociedad como el caso de los estudiantes del Conalep Morelia II”, dijeron al señalar que, como parte de la campaña, se promueve la imagen del mandatario.

Hasta hoy abundaron, no se han llevado a cabo estudios sobre la movilidad estudiantil que demuestren que este sector será realmente beneficiado y tampoco de impacto ambiental que la ley exige dejando claro que las decisiones detrás de este proyecto, están lejos de cumplir con los principios de transparencia y legalidad.

El discurso de “mejorar la movilidad” contrasta con la falta de respecto a los derechos de los ciudadanos quienes, han recurrido a amparos para defenderse de las múltiples violaciones a leyes federales, ambientales y municipales relacionadas con este proyecto.

Y precisaron, que en el caso de Morelia, el gobierno ha omitido mencionar cómo se garantizará que este teleférico sea accesible y económicamente viable para estudiantes en particular quienes son parte de familias de escasos recursos económicos.

Asimismo insistieron en que este proyecto, no es una solución integral de movilidad, sino un negocio disfrazado que prioriza intereses particulares dejando de lado la verdadera problemática de transporte en Morelia.