Aprobación de sanciones a deudores alimentarios marca un antes y un después en Michoacán

Morelia, Michoacán.- Con el Registro Nacional de Deudores Alimentarios otorgamos justicia a las miles de mujeres que se hacen cargo de la crianza de sus hijos ante la irresponsabilidad de quienes con impunidad abandonan a sus hijos, coincidieron en señalar las y los diputados integrantes de la Septuagésima Sexta al aprobar diversas disposiciones legales en materia de deudores alimentarios.

Por unanimidad, el Pleno del Congreso del Estado aprobó la iniciativa enviada por el Titular del Poder Ejecutivo y enriquecida con las propuestas hechas por las propias y propios legisladores, a fin de saldar la deuda histórica –dijeron- que se tiene con las mujeres que día a día luchan por brindar los alimentos a sus hijos.

Al hacer uso de la Tribuna, la Presidenta de la Junta de Coordinación Política, Fabiola Alanís Sámano recordó que se cumplen 50 años de que los gobiernos han tomado como suya la agenda de los derechos de las mujeres, fruto de las constantes luchas de éstas y advirtió la necesidad de seguir avanzando para reinvindicar todos sus derechos. Enfatizó es necesario garantizar las pensiones alimentarias así como los derechos de las mujeres ante la realidad de que solamente en la mitad de los divorcios, se otorga una pensión alimentaria.

La Diputada Sandra Arreola manifestó que por fin el Estado se ocupa de las necesidades de las mujeres jefas de hogares que buscan incansablemente la justicia para acceder a una pensión alimenticia para sus hijos, sancionando a aquellos que ejercen violencia económica a sus familias y que conlleva un profundo impacto social, lamentando que en Michoacán haya 7 mil 855 casos de deudores alimentarios.

Vanessa Caratachea destacó que con las reformas las mujeres y las infancias recibirán lo que legítimamente les corresponde, reformas que se transforman en actos de justicia al no permitir que deudores morosos trabajen en los distintos órdenes de gobierno. E invitó a sus compañeros a seguir trabajando con sororidad por la dignidad y el respeto de las mujeres.

Brissa Arroyo precisó que el derecho de recibir alimentos es irrenunciable, por lo que las reformas aprobadas reivindica al Congreso del Estado con las infancias al legislar con perspectiva de género y Derechos Humanos.

“Hoy, el Poder Legislativo coincide con el Poder Ejecutivo escuchando las necesidades de la ciudadanía, pasando del discurso a los hechos, haciendo conciencia para que se haga justicia a la causa”.

La Diputada Belinda Hurtado señaló que el nuevo marco jurídico representa un avance trascendental en la protección de las niñas, niños y adolescentes, así como de las mujeres que se les ha vulnerado por el incumplimiento de derechos fundamentales, por lo que no podían seguir permitiendo la impunidad con la que viven los deudores alimentarios.

Adriana Campos Huirache destacó que las reformas dignifican a las mujeres con el reconocimiento jurídico de sus derechos, lo que se traduce en el comienzo de la justicia que se les debe, marcando el fin de la impunidad, la indecencia y la violencia.

Giulliana Bugarini describió que la aprobación del Dictamen representa un paso histórico en la lucha por la deuda pendiente con las infancias y las mujeres que han cargado solas con la crianza de sus hijos, que han suplido la irresponsabilidad de quienes las abandonaron sin consecuencias y castigos.

La Legisladora Belinda Iturbide puntualizó la importancia de dichas reformas con las que se establece el Registro Nacional de Deudores; se define las restricciones para los deudores; la facilitación en el tema de pensiones alimenticias; la aplicación de sanciones más fuertes y donde se tipifica la violencia económica.

Grecia Jennifer Aguilar instó a reflexionar con sororidad para llevar a cabo un acompañamiento constante en todos los temas que beneficien a las mujeres, como un acto de justicia y de apego a Derecho, admitiendo que es inadmisible que un progenitor no se haga responsable de sus hijos.

Melba Albavera puntualizó que con las reformas se honra la lucha de las mujeres que se convierten en la voz de sus menores hijos en los juzgados para proteger sus derechos.

“Mientras no generemos una sociedad con conciencia de cultura de paz, no erradicaremos la violencia”.

Finalmente, Nayelly Pedraza enfatizó que quienes no pagan la pensión alimenticia no solo cometen una falta legal, sino también cometen un acto de abandono que condena a miles de niñas y niños a vivir carencias y necesidades.

“Cada peso que se niega representa una herida emocional. El Dictamen establece medidas firmes para garantizar que los deudores alimentarios cumplan con su obligación irrenunciable”.