La regidora de Morena en Apatzingán critica la omisión gubernamental ante la violencia en en el municipio, mientras autoridades minimizan la crisis

Morelia, Michoacán.- La regidora de Morena en Apatzingán, María del Carmen Zepeda, lanzó un fuerte señalamiento contra el gobierno estatal y municipal por la falta de atención a la crisis de violencia e inseguridad que, aseguró, mantiene al municipio de Apatzingán sumido en una guerra no reconocida por las autoridades.

Durante la sesión del Cabildo de Apatzingán del pasado 26 de marzo, la regidora criticó el contexto de inseguridad y violencia en que se vive en algunas comunidades del municipio de la región de Tierra Caliente.

“Aunque luego algunas autoridades no les parece que uno diga que en los últimos seis años del gobierno de AMLO la violencia se exacerbó, nosotros lo hemos vivido: comunidades con explosivos, caminos minados, cabezas que dejan en las plazas de nuestra ciudad, muertos todos los días. ¿Alguien puede negar esto que acabo de decir? No, nadie, nadie de ustedes puede negar lo que acabo de decir”, cuestionó.

La regidora hizo hincapié en la existencia de desplazados que, según ella, han sido ignorados por las autoridades locales.

“Tenemos desplazados y no porque sean criminales. Ahí, en las oficinas de sus servidores, tenemos llenos de desplazados. Gente de 70 años, ancianos, niños, con crisis de pánico, ya enfermos, con trastornos de ansiedad”, agregó.

María del Carmen Zepeda reclamó que, desde el inicio de la actual administración municipal —el 1 de septiembre de 2024—, el Cabildo no se ha pronunciado públicamente en contra de la violencia que aqueja a Apatzingán.

“Desde que nosotros tomamos este municipio ya estaba esa guerra. Ya estaban droneando La Loma de Los Hoyos, ya estaban droneando por Acatlán y ahora casi por todos lados. Se me hace que nada más queda libre El Morado, Holanda, Mezquital, Los Laureles, Guanajuatillo, son las únicas comunidades que no han sufrido esa situación tan delicada”, expresó.

Exigió, tanto la presidenta municipal, Fanny Arreola Pichardo, como los integrantes del Cabildo, asumieran una postura pública.

“La propuesta es que este Cabildo, en pleno, su presidenta, su secretario, su síndico y sus 12 regidores, demos la cara al pueblo, así como fuimos a pedir los votos, demos la cara al pueblo y nos pronunciemos en contra de la violencia extrema que sufrimos y decirle a la gente que estamos con ellos y exigimos al gobernador (…) que luego dice que aquí no pasa nada. ¿Cómo es posible? Puede ser amigo mío, puede ser amigo de usted, pero no puede decir que aquí no pasa nada”, reclamó.

“No es con palabras como se acaba la violencia”, revira alcaldesa de Apatzingán

Ante la propuesta de la regidora, la alcaldesa de Apatzingán, Fanny Arreola Pichardo, respondió minimizando la necesidad de un pronunciamiento público, asegurando que las acciones de su gobierno se están llevando a cabo, aunque no se hagan públicas.

“Más allá de lo que terminen aquí de hacer con la propuesta que vierte la regidora, lo que les puedo informar es que lo que nos toca hacer se ha hecho. Que no se publique, que no se muestren fotos, que no se muestren a la gente con la que se platica todos los días a fin de atender la emergencia y la situación, es otra cosa, pero se está haciendo”, afirmó.

Fanny Arreola defendió que su administración actúa conforme a la ley y que no es necesaria “una cámara para hacer las cosas”.

Además, desestimó la eficacia de un pronunciamiento formal: “no es con palabras como se acaba la violencia, no es con pronunciamientos como se acaba la violencia. Se atienden muchas aristas de las causas, el problema y las circunstancias actuales”.

Sin acuerdo y sin posicionamiento oficial

Al cierre de la sesión, la propuesta de la regidora no obtuvo respaldo inmediato del Cabildo ni se formalizó ningún pronunciamiento.

Mientras tanto, las víctimas de desplazamiento, las minas explosivas y los asesinatos en comunidades rurales de Apatzingán siguen sin un respaldo explícito y sin que las autoridades locales y estatales reconozcan de manera abierta la gravedad de la crisis.

ACNUR señala que hay al menos 500 desplazados de Apatzingán

Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (), en Apatzingán, se registran al menos 500 personas que fueron desplazadas desde el pasado 15 de marzo tras enfrentamientos armados entre grupos criminales en las comunidades de El Alcalde y El Guayabo.

Además, aproximadamente mil personas permanecen atrapadas en localidades cercanas debido a la violencia y los bloqueos de ayuda humanitaria por parte del crimen organizado.

La crisis de desplazamiento forzado, reconocida por el Observatorio de Seguridad Humana y diversas autoridades, provocó la activación de operativos emergentes.

El DIF estatal, junto con la Secretaría del Migrante y el apoyo de ACNUR, brindó asistencia a 150 desplazados albergados en Apatzingán, mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), desplegó fuerzas de seguridad e instaló bases temporales en la región.

ACNUR alertó que desde noviembre de 2024 la violencia en Tierra Caliente, Colima y Jalisco se ha recrudecido, provocando desplazamientos masivos, el cierre de escuelas, muertes por minas terrestres y un éxodo de al menos 700 personas hacia la frontera norte para solicitar asilo en Estados Unidos.

El 19 de marzo, un juez federal ordenó la localización y retiro inmediato de minas terrestres en Michoacán, con informes cada 72 horas, sin embargo, Defensa impugnó la resolución y obtuvo una prórroga.

La ONU emitió una declaratoria de emergencia, exigiendo protección para la población y acceso humanitario.

Gobierno de Michoacán minimiza desplazamiento forzado en Apatzingán

Pese a la gravedad de la situación, el secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, minimizó la crisis al asegurar que las “condiciones son estables”, aunque reconoció desplazamientos focalizados en el sur de Apatzingán, Buenavista y la Sierra Costa.

Asimismo, confirmó la llegada de 600 elementos de seguridad federal para reforzar la presencia militar y anunció un acuerdo de coordinación con autoridades de Jalisco, Colima y Guanajuato para enfrentar la inseguridad en la región.