Morelia, Michoacán

El país vivirá un proceso inédito, el primero de junio de 2025 por primera vez en la historia de México habrá un proceso electoral para elegir los cargos del Poder Judicial.

Michoacán no se queda atrás en este rubro, el 14 de noviembre se convirtió en la primera entidad federativa en homologar la legislación local con la reforma constitucional federal.

En el foro para medios de comunicación organizado por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) quedó establecido que los michoacanos saldrán a emitir su voto de manera directa, libre y secreta por los cargos de jueces, magistrados y ministros federales y locales. Pero ¿quiénes son los candidatos?, ¿habrá campañas?, ¿qué pueden hacer y qué no los candidatos para darse a conocer?

Las campañas para este proceso electoral tendrán una duración de 60 días para los cargos federales y 45 días para la elección local, del 30 de marzo al 28 de mayo y del 14 de abril al 28 de mayo respectivamente.

Los candidatos que aspiran a un puesto en el Poder Judicial dispondrán de estos días para realizar actos de campaña para darse a conocer a la ciudadanía: trayectorias profesionales, méritos y visiones de la función jurisdiccional y de la impartición de justicia y, pueden compartir las propuestas de mejora para el Poder Judicial y del órgano colegiado al que intentan integrarse, precisó Silvia Mauricio, consejera del Instituto Electoral de Michoacán.

¿Qué sí y qué no para difundir propuestas?

Los medios que pueden utilizar los candidatos a un cargo judicial son: son impresiones en papel reciclado, redes sociales y medios digitales, de manera tal que no pueden erogar recursos públicos o privados.

Pueden participar en entrevistas espontáneas no pagadas y asistir a foros de debate organizados por iniciativa pública o privada, pero de manera siempre gratuita y equitativas para todos los candidatos.

Las prohibiciones que hay para estas campañas, señaló la consejera del IEN son, que los candidatos no podrán contratar propaganda, ni anunciarse en espectaculares, tampoco participar en entrevistas pagadas en radio, televisión o cualquier medio de difusión, es decir, no pueden contratar tiempo ni propaganda.

No podrán inmiscuirse los partidos políticos o servidores públicos. Está prohibido el financiamiento público y privado de campañas; los candidatos sólo pueden hacer uso de sus recursos privados personales.

No pueden coaccionar el voto, es decir, entregar dádivas a los ciudadanos con el fin de obtener su apoyo, con el fin garantizar el voto libre y secreto.