Primer borrador de la reforma

Yurisha Andrade Morales*

El miércoles de la semana pasada circuló, por diversos medios, lo que podría constituir el primer borrador donde se detallan los principales cambios que contendrá la iniciativa de reforma electoral del gobierno federal y, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum negó la autenticidad del documento, Ricardo Monreal señaló que se trata de un texto que no es oficial, pero que sí es de su conocimiento. La primera mandataria también informó que será hasta mañana cuando presente la iniciativa que enviará al congreso para su revisión y, en su caso, aprobación, dado que aún se desarrollan las negociaciones con los partidos aliados, el PVEM y el PT, que han expresado su desacuerdo con la disminución del financiamiento público y de los asientos de representación proporcional.

Entre los principales ajustes que se advierten en el documento filtrado a los medios de comunicación el Instituto Nacional Electoral tendría modificaciones sustantivas muy importantes: su consejo general se integraría por 9 en vez de 11 consejerías; sus juntas ejecutivas locales y distritales dejarían de ser permanentes y se instalarían solo para el desahogo del proceso electoral, además de que las actuales vocalías de capacitación electoral y educación cívica se fusionarían en una sola y, para la integración de las mesas directivas de casillas, se regularía una sola etapa. Por lo que hace al financiamiento partidario ordinario, la propuesta incluye una disminución del 25%, que se lograría modificando la fórmula de cálculo, cuya afectación es diferenciada dependiendo del monto que actualmente tiene cada partido político.

El mecanismo de la representación política implicaría que las curules de representación proporcional en la Cámara de las Diputaciones crecerían de 200 a 208, dado que la propuesta considera que la diáspora mexicana debe tener una representación adecuada, además de que la votación para estas curules se separaría del voto de mayoría relativa, con lo cual podría crecer el número de boletas que se reciban en las urnas; en la Cámara de las Senadurías se propone suprimir las 32 de representación proporcional y dejar que la Cámara se integre por 96 escaños, 64 de mayoría relativa y 32 de primera minoría; mientras que los ayuntamientos, cuya población sea de 500 mil o menos habitantes, tendrían 10 regidurías y los que sobrepasen ese universo de habitantes tendrían hasta 15 regidurías. Del total de regidurías, el 60% se elegiría por mayoría relativa y el 40% por representación proporcional.

Por lo que hace a las entidades federativas, se mantendrían los institutos y tribunales locales electorales, pero las consejerías serían designadas por la Cámara de las Senadurías por mayoría calificada retirando esa atribución al INE, mientras que las magistraturas locales, como ocurre con los magistrados federales, serían electas por voto popular, lo cual implicaría otra boleta en las urnas. Falta conocer detalles para la implementación y saber si estas serán propuestas finales, incluso, si la presentación de la iniciativa se difiere.

Los ajustes descritos, de concretarse, podrían tener efectos muy relevantes en el sistema electoral mexicano que precisa de cambios que lo fortalezcan y no que lo debiliten. La disminución de la estructura del INE nos regresaría a un modelo de finales de los años ochenta, cuando los órganos electorales solo funcionaban durante los procesos electorales, pero a diferencia de aquel modelo, los nuevos tiempos han convertido a las maquinarias electorales en instituciones sujetas a retos permanentes y no a retos transitorios, a la par que la logística electoral es cada vez más exigente y sofisticada. Nuestros calendarios electorales no están sincronizados y todos los años hay elecciones para renovar poderes públicos o ejercicios de participación ciudadana directa, como la revocación de mandato recientemente celebrada en el Estado de Oaxaca.

En otros momentos he señalado, que la reforma electoral debe ser incluyente y de consenso, debe garantizar autoridades electorales imparciales y profesionalizadas; debe incluir mecanismos que acerquen la distribución de los espacios en los congresos a los porcentajes de votos que se alcancen en las urnas y debe procurar condiciones adecuadas y equitativas para la competencia política, además de incluir mecanismos que combatan los problemas más graves que hoy aquejan a nuestros procesos electorales. Veremos en breve el desenlace del asunto más importante para la democracia mexicana.

Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade