Ciudad de México
En una investigación dada a conocer por El Universal, se asegura que, al menos, en nueve estados del país el crimen organizado ha implementado una estrategia de extorsión y control de precios en perjuicio de pobladores, locatarios, pequeños comerciantes, transportistas y otros sectores económicos.
Los estados afectados son Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Durango, Oaxaca, Guanajuato, Morelos y Tabasco, donde las células delincuenciales imponen un control de precios en los alimentos de la canasta básica, materiales de construcción, agua embotellada, tortillas, refrescos, cervezas y hasta útiles escolares.
El modus operandi de las bandas delictivas es controlar los precios y elevarlos en cierta cantidad para obtener ganancias.
También distribuyen a los establecimientos mercancía robada, que debe ser comprada de manera obligatoria para su venta al público, y en algunas entidades, el crimen también desarrolla una red de comercios ilegales que son controlados para la distribución de sus productos.
Campesinos de Tierra Caliente en Michoacán, quienes solicitaron el anonimato por temor a represalias, señalan que Los Viagras y Los Blancos de Troya, aliados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), son quienes concentran todas las mercancías, por ejemplo, refresco, cerveza, abarrotes y carne.
“El crimen organizado acapara todo, entonces si una persona cuenta con una tienda, debe comprar en las bodegas que ellos tienen, en caso contrario, firma su sentencia de muerte”, precisaron.
“En el caso de los materiales de construcción, también está regulado por la delincuencia. Aquí no llega nada si no es con la venia de ellos, digamos que el material viene de otra entidad, entonces cada tráiler debe pagar una cuota y el que vende el producto también. Incluso la gasolina es más cara que en Uruapan, porque pagan cuota”, argumentan los denunciantes.
En Oaxaca, las extorsiones más comunes son en contra de empresarios, productores y comerciantes y están relacionadas con el llamado cobro de piso; otros son los préstamos gota a gota, que son operados por personas originarias de Colombia, quienes, incluso, han abierto negocios identificados como cajas de ahorro en los que ofrecen estos servicios.
En Cuernavaca, concesionarios de la Ruta 11 analizan suspender el servicio de transporte, luego de recibir llamadas de extorsión con las que los delincuentes solicitan fuertes cantidades de dinero.
El presidente de la Federación Auténtica del Transporte, Dagoberto Rivera, refiere que los criminales amenazan con quemar las unidades y agredir a los operadores, en caso de que la directiva de esta central no cumpla con los pagos exigidos.
El director de Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, Francisco Rivas, sostiene que la extorsión es un problema consolidado en el país que empezó a crecer a partir de 2013, cuando las grandes organizaciones delictivas transmutaron a otras más pequeñas para huir del combate al crimen organizado en el sexenio de Felipe Calderón.
