Mirador Ambiental

Se cumple este 12 de octubre medio año desde el día en que fue asesinado Roberto Chávez Bedolla, el ambientalista participante en los Comités de Defensa Ambiental de Madero. Los autores intelectuales gozan de cabal libertad.

Su asesinato fue la continuación de un plan de la delincuencia organizada para amedrentar y rendir a los ciudadanos maderenses que en el marco de la constitución han denunciado la tala ilegal, el cambio de uso de suelo, el incendio de bosques y la privatización de aguas en este municipio.

Su asesinato ocurrió 5 meses después del brutal ataque de sicarios contra ambientalistas en El Sangarro, la noche del 6 de noviembre, en medio de un ambiente de amenazas de muerte y de operar acciones de “limpieza” contra los ambientalistas para desterrarlos.

A medio año del asesinato de Roberto Chávez Bedolla su crimen sigue impune. Los autores intelectuales, a pesar de contar con órdenes de aprensión, presumen su intocabilidad operando células criminales para cobrar piso a las actividades productivas locales, operando la tala ilegal, y desapareciendo personas, como es el caso de Iván Alexis Pérez Chávez.

La impunidad de facto, otorgada a los asesinos de Roberto Chávez, debe comprenderse como la protección que tiene la franquicia del Cártel Jalisco Nueva Generación en Madero y que se cocina desde el poder político, siendo el gobierno municipal una de las piezas fundamentales que articula esta protección.

Es sabido por los maderenses que el gobierno municipal otorga mensualmente al gerente de la franquicia de cuatro letras enormes apoyos en cash y en vales de gasolina (parte de esta información está contenida en los celulares abandonados por los sicarios el 6 de noviembre), provenientes del patrimonio público, como condición de subordinación y mutua protección.

Lo anterior explicaría el por qué ante el asesinato de Roberto Chávez dicho gobernante guardó distancia y silencio absoluto, y por qué tampoco envió a la policía para que contuvieran a los sicarios que el 6 de noviembre atacaban con ráfagas de fusiles de asalto a los ambientalistas en El Sangarro. Se deduce que no quiso importunar los planes de cuatro letras, de los cuales con probabilidad fue informado.

A Roberto Chávez Bedolla lo asesinó ese cártel delincuencial, y para hacerlo, echaron a andar la maquinaria criminal disponible esa noche; el mismo esquema de protección utilizaron el 6 de noviembre. Esta complacencia es tan evidente que en el Segundo Informe del Gobierno municipal no se dedica una sola línea para evaluar el grave problema de la inseguridad en el municipio.

Nada dice ahí de los asesinados y familias desplazadas por los “Sierra 1” en El Capulín para apoderarse de sus bosques; tampoco dice una sola frase de condena por el asesinato de Roberto Chávez, ni tampoco de los atentados del 6 de noviembre a manos del Jalisco Nueva Generación; mucho menos de las acciones para contener a los grupos delincuenciales y de apoyo a las víctimas del crimen organizado en todo el municipio.

A seis meses del asesinato de Roberto Chávez, a 10 meses de los atentados del 6 de noviembre, a pesar de la intervención de la Fiscalía General del Estado y del interés mostrado por el gobernador de Michoacán, la condición de inseguridad en Madero sigue su curso.
Los criminales celebran su impunidad y reparten drogas como dulces en posadas; desaparecen personas sin consecuencia alguna; continúan acosando a los Comités de Defensa Ambiental. Los autores intelectuales de estos actos criminales gozan de libertad y la mayoría de los autores materiales se pasean por las calles de Villa Madero como si fueran ciudadanos de honor.

Es tal el descaro del crimen organizado y de sus protectores gubernamentales que el gerente de cuatro letras está dedicado de corazón, en su papel de gran elector, a la organización del proceso electoral en el municipio y en el distrito. Insiste en negociar con todas las partes para refrendar sus condiciones: la primera y más importante que el municipio y el distrito tienen la marca territorial de Jalisco Nueva Generación; la segunda y muy obvia que las actividades económicas deben seguir bajo su estrategia parasitaria.

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia le ha quedado a deber mucho a los maderenses. Su estrategia, hasta ahora, no ha sido eficiente para hacer justicia a Roberto Chávez, a los ambientalistas de El Sangarro, Terrenate, Las Sidras y Maravillas, tampoco para localizar al adolescente Iván Alexis Pérez Chávez desaparecido el 13 de septiembre, a Rafael Reyes García desaparecido el 26 de mayo, y a las decenas de familias con parientes asesinados y desplazados del oriente de Madero.

Mientras no se detenga a los criminales y se erradique a quienes desde la función pública protegen criminales, la inseguridad en Madero continuará dañando a los ciudadanos. Nadie está a salvo. Eso se demuestra todos los días.

*El autor es analista político, experto en temas de Medio Ambiente, e integrante del Consejo Estatal de Ecología.