Morelia, Michoacán, 03 de septiembre de 2024.- Desde el inicio del sexenio de López Obrador era evidente el profundo desacuerdo existente entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la arcaica visión que el C. Presidente tiene sobre lo que es o debería ser del aparato de justicia. Para quienes conozcan al López Obrador no les debe sorprender dicho antagonismo pues AMLO se considera así mismo el único dueño de la verdad embotellada de origen y único portavoz de los deseos del “pueblo bueno” de México. El es dueño de la verdad y punto.

Ahora, con la desafortunada ocurrencia de desaparecer prácticamente toda la estructura del Poder Judicial para eliminar a los jueces y reemplazarlos no mediante un mecanismo de evaluación de conocimientos y competencia, sino utilizando una votación abierta, donde obviamente podrán intervenir y manipular a los votantes tanto los partidos políticos como los cárteles del crimen organizado, el asunto ha tomado tintes más preocupantes. El Poder Judicial, que cuenta con personajes altamente calificados y conocedores del tema, ha externado su total desacuerdo con esta ocurrencia que en el fondo solo busca centralizar el poder en una sola persona, el titular del Ejecutivo. El asunto es preocupante, pues si llega a concretarse México sería una dictadura, por donde se le vea,

Para complicar las cosas hay que aceptar que la imagen que el ciudadano común y corriente tiene del Poder Judicial no es precisamente la mejor posible. Hay varios datos y antecedentes que lo hacen levantar una ceja a la hora de hablar y defender el aparato de Justicia. Pero vamos por partes.

En teoría el aparato judicial es el conjunto de instituciones, normativas, procedimientos y personas encargadas de la administración de justicia. Es el sistema que interpreta y aplica las leyes, garantizando que se respeten los derechos y obligaciones de los ciudadanos, y que se impongan las sanciones correspondientes en caso de infracción. En México, el aparato judicial está compuesto por diferentes niveles de tribunales, incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los tribunales colegiados y unitarios, los juzgados de distrito, así como diversas instancias locales y federales. Este sistema es crucial para mantener el estado de derecho y la paz social en el país.

Hasta ahí todo parece claro y sencillo. Es cuando analizamos los detalles a fondo y vemos casos concretos cuando el asunto de complica.

Solo en el papel México es un país de leyes. El índice de impunidad es de un impresionante 95%. Eso quiere decir que de 100 delitos sólo cinco reciben una sentencia por un juez. Hablamos de delitos reportados ante agencias del Ministerio Público, no tomamos en cuenta los delitos que no se reportan por desconfianza en el sistema de impartición de justicia.

La memoria tiende a ser corta, por lo tanto vale la pena recordar otros ejemplos del funcionamiento de este aparato de justicia:

Hace algunos años nos enteramos como un poderoso líder sindical, el rey de los llamados “contratos de protección” Salvador Gámez Martínez, acusado de abuso sexual a una gran cantidad de menores, había sido exonerado contra toda razón por el encargado del juzgado 15 del entonces DF. El revuelo nacional que generó este desatino obligó a las autoridades a corregir esta insensatez. Pero el caso termino mal; el señor simplemente se “evadió” y nadie lo encuentra. Imposible olvidar el caso de la niña Merle Yuridia Mondaín, asesinada por Alejandro Braun, y dejado libre mediante un millonario soborno a un Juez de circuito, Ernesto Díaz Infante, quien a cambio de 500 mil dólares presionó al magistrado Gilberto Arredondo para que liberara al asesino de la niña.

Paradigmático resulta el caso de las 3 indígenas acusadas de secuestrar, ellas solitas, a a seis fornidos agentes de la AFI, caso armado con testimonios «de oídas». Solo el ridículo internacional obligó a reconsiderar el juicio y la sentencia.

Sucia y llena de errores y contradicciones está la investigación del secuestro y asesinato de Alejandro Martí, con testigos inexistentes, dobles «güeras» acusada cada una de lo mismo a pesar de la imposibilidad física de estar en dos lugares simultáneamente. Aquí se comprobó que en México las leyes de la física deben supeditarse a los dictados de un juez.

Este es el país de La Paca y su osamenta, el diamante de Lomas Taurinas, del Nintendo de Carpizo y de el muerto sembrado a La Quina. Estos son los jueces, estos son los investigadores.

Evidentemente el Poder Judicial tiene mucho camino que recorrer para mejorar. Pero si con estos jueces que fueron elegidos por su competencia académica el asunto está mal, con jueces nombrados por sorteo el asunto sería infinitamente peor.

Complicado asunto por donde se le vea.

Alejandro Vázquez Cárdenas

La Ley Habilitante, el INE y la sobrerrepresentación de la 4T