La situación en materia de infraestructura física educativa, dotación de servicios básicos, equipamiento educativo, mobiliario, equipo de cómputo, conectividad, infraestructura y materiales adaptados, así como accesos dignos a los planteles escolares en Michoacán de Ocampo aún dista mucho de ser óptima. Somos uno de los estados con mayor rezago en la materia y no nos hemos superado suficientemente como para dignificar universalmente los planteles del sistema educativo estatal.

Lamentablemente, el rezago prevalece: De acuerdo con la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), el porcentaje de escuelas primarias que cuentan con servicios básicos, definidos como electricidad, agua potable, servicio para el lavado de manos y sanitarios para estudiantes ha evolucionado del 47.7 por ciento al 71.5 por ciento, mientras que, en secundaria, pasaron del 47.9 al 73.9 por ciento y en educación media superior del 54.8 al 61.7 por ciento. Lo anterior, en el periodo comprendido entre el ciclo escolar 2018-2019 y el 2022-2023. Al ser un sistema educativo de 1 millón 260 mil estudiantes, estos porcentajes faltantes representan aún a cientos de miles de niñas, niños y jóvenes que no cuentan con tan elementales servicios básicos en los planteles escolares.

De manera agregada, se ve asi la situación, pero de acuerdo con el reporte específico más reciente existente, de 2022, elaborado también por MEJOREDU, se menciona que, en materia de electricidad, solamente el 77 por ciento de los 4 mil 153 preescolares tenían el servicio citado, el 71.5 por ciento agua, el 72.5 por ciento, servicio de lavado de manos, mientras que sanitarios independientes el 58.1 por ciento, los cuales acumulaban apenas el 58.8 por ciento de planteles con servicios básicos completos. Paralelamente, apenas el 23 por ciento tenían computadoras y el 14 por ciento, conexión a Internet. Infraestructura adaptada para personas con discapacidad, apenas tenían el 9.4 por ciento y materiales adaptados el 16.5 por ciento.

En primaria, de las 4 mil 997 escuelas, el 89.2 tenían electricidad, el 76 por ciento agua potable y el 77.9 servicio para lavado de manos, el 81 por ciento, sanitarios independientes, que hacían un total de apenas el 64.3 por ciento de planteles con servicios básicos completos. Apenas, el 38.7 por ciento de los planteles contaban con computadoras y el 17.4 por ciento con conexión a Internet, mientras que el 10.6 por ciento contaba con infraestructura adaptada y el 8.5 por ciento con materiales adaptados.

En secundaria, de los mil 830 planteles, el 81.4 contaban con electricidad, el 68.6 por ciento con agua potable, el 74.8 con servicio para lavado de manos y el 71.6 con sanitarios independientes, que apenas hacían un 60.2 por ciento de planteles con servicios básicos completos. Un 53 por ciento de los planteles contaba con computadoras y un 22 por ciento con conexión a Internet, mientras que un 13.7 por ciento contaba con infraestructura adaptada y apenas un 11.5 con materiales adaptados.

En educación media superior, de los 701 planteles, un 81.7 por ciento contaba con electricidad, un 68.5 por ciento con agua potable, un 76 por ciento con servicio para lavado de manos, un 82.5 con sanitarios independientes que hacían un total del 61.5 por ciento de planteles con servicios básicos completos; apenas un 65 por ciento de las escuelas contaban con computadoras y un 45.9 por ciento con conexión a Internet. Un 24.4 por ciento contaban con infraestructura adaptada y un 1 por ciento con materiales adaptados.

De esta magnitud es el rezago. Y seguimos en manos de la federación para tales efectos, ya que el sector educativo es muy altamente dependiente del presupuesto federal que llega para rescatar, quincena a quincena, la situación deficitaria en la que se encuentra la nómina del sistema educativo estatal, a través del convenio que enmarca la transferencia de recursos a través del Programa Presupuestario U-080, que, aunque ayuda mucho es discrecional y opaco.

No omitamos recordar que, el impuesto del 2 por ciento sobre el pago de nómina en estados como Jalisco se destina a un fondo de construcción y mantenimiento de infraestructura física educativa, lo cual ha permitido que se avance sustancialmente en el abatimiento del rezago en la materia en aquella entidad vecina.

En Michoacán, ese presupuesto se destina al sector turístico, con resultados aún muy debatibles, toda vez que no se canaliza tampoco a infraestructura que soporte las acciones del citado sector económico, sino a festivales, eventos, viajes, viáticos, propaganda en el extranjero y otros rubros que no cambian estructuralmente las condiciones sociales de las comunidades con actividad turística. Bien valdría la pena reflexionar sobre qué es más urgente para dotar de condiciones de bienestar y desarrollo a las generaciones en formación.

Subsisten focos rojos en materia de infraestructura educativa, principalmente en planteles multigrado o unitarios, en educación indígena, en planteles rurales, en escuelas de CONAFE, telesecundarias, telebachilleratos, por citar algunos ejemplos. Así también, las regiones apartadas de la capital estatal, las que son rehenes de narcoviolencia, de situaciones de ingobernabilidad y hasta de estado fallido por la presencia de la delincuencia organizada también son las que más necesitan inversiones que garanticen los derechos de las generaciones en formación.

Los recursos son exiguos. Por ejemplo, en 2023, de acuerdo con un comunicado del Gobierno del Estado, se destinaron 508 millones de pesos a mejorar 331 planteles, ubicados en 61 municipios. En 2024, se menciona que se destinaron 590 millones de pesos, mejorando 410 planteles y para beneficiar a 64 mil estudiantes. Apenas el 3 por ciento de los planteles y el 5 por ciento de los estudiantes. Es decir, a ese ritmo de inversión, para que le toque al 100 por ciento de las escuelas algo de recurso deberían de pasar 33 años. Para el 2057 se terminará la labor.

Si recordamos que el sistema educativo estatal comprende casi 12 mil planteles y más de un millón 260 mil estudiantes, nos daremos cuenta de que las inversiones son insuficientes y pírricas. Los 590 millones de pesos entre 12 mil planteles escolares apenas corresponde a 49 mil pesos por escuela en Michoacán de Ocampo. Si se prorrateara por estudiante, no alcanzaría ni para comprarles una butaca a cada uno. Se requiere un esfuerzo sustancial adicional para salir adelante.

Urge dignificar los planteles para que se cuente con los servicios básicos que generan condiciones propicias para el aprendizaje. En Michoacán, 99 por ciento de los hogares cuentan con energía eléctrica. No es posible que, en uno de los estados más pobres de la nación, las escuelas estén todavía peor que el promedio de los hogares. Las escuelas deben reflejar un ideal social por alcanzar superación y evolución, no ser una triste sombra que edifique el abandono y olvido, miseria y corrupción que permitan palpar el desinterés institucional por el desarrollo integral de las generaciones en formación.

Hay inmensos retos en materia de infraestructura escolar en Michoacán de Ocampo, que nos ubican en los últimos lugares a nivel nacional. Somos un estado en rezago educativo sumido en rezago en infraestructura escolar.

Recordemos, que hace unas semanas, la UNICEF y el CONEVAL presentaron en coautoría un reporte denominado “Pobreza Infantil y Adolescente en México “, donde se muestra que nuestra entidad federativa continúa con altos niveles de pobreza en lo que respecta a sus niñas, niños y jóvenes, ya que 50.1 por ciento de ellos viven en esa situación socioeconómica.

El documento exhibe que, respecto de 2020, se dio una reducción de la pobreza estadísticamente significativa en 24 de las 32 entidades federativas, exceptuando a Aguascalientes, Campeche, Durango, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca y Zacatecas, las cuales son las entidades federativas donde el nivel de pobreza infantil y adolescente se mantuvo sin cambios en el bienio.

El rezago educativo exhibe un patrón diferenciado entre las entidades, en donde los valores más altos están en Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Chiapas.

A la fecha, no hay certidumbre clara de hacia dónde se van a canalizar los recursos en materia de inversión en infraestructura educativa. Más aún, no se reflejan las obras multianuales en el Presupuesto de Egresos 2025, por lo que no se tiene total certidumbre de cuánto dinero del que se destina a obras públicas va para el sector educativo estatal.

El déficit estructural en el presupuesto educativo estatal continúa orientado a subsanar el inmenso boquete que constituye la nómina educativa, la cual demostradamente presenta vicios de origen y un exceso de personal fuera de las aulas. Recordemos que, en el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos (CEMABE) de 2013, el promedio de estudiantes por maestro de acuerdo con la nómina pagada era de 17, pero al momento en el cual los censores de INEGI entraron a las aulas, descubrieron que el promedio de estudiantes era de 30 por maestro. Es decir, casi se pagaba el doble de personal que el que realmente trabajaba. Hoy es momento de generar mecanismos de austeridad, fiscalización, transparencia y rendición de cuentas que despresuricen el gasto educativo que dirige 95 de cada 100 pesos hacia el pago de nómina, para dedicar un porcentaje mayor a la dignificación de los planteles escolares, generando mejores condiciones para incrementar la inversión en el bienestar y en la vivencia plena de derechos para las niñas, niños y jóvenes.

El dispendio que se realiza en el aparato de comunicación social y en actos suntuarios es de destacarse, porque la entrega de certificados de obra educativa no es sino un paso innecesario, ya que lo que requieren las comunidades es la entrega de las obras concluidas, no más actos protocolarios que consumen muchos recursos, como traslados desde el interior del estado, horas-hombre de cientos de personas, llenado de formularios engorrosos, la impresión de mamparas, propaganda, boletines, formatos y muchos más aspectos cuantificables que, si se sumaran, seguro podrían hacer la diferencia en más de algún plantel, máxime que el promedio de inversión estatal, como se calculó párrafos arriba, es de apenas 49 mil pesos por escuela.

Más aún, se sabe que Michoacán es el segundo lugar nacional en percepción sobre la corrupción, de acuerdo con los hallazgos manifestados en el reporte de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023 (ENCIG), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), difundida el pasado 9 de diciembre, en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, donde se precisó que el 88 por ciento de la población, es decir, ocho de cada nueve michoacanos, percibió que los actos de corrupción son muy frecuentes o frecuentes.

En ese tenor, a la fecha no se reflejan acciones para evitar la simulación en las compras, ni la realización de obras. Siguen los comités de padres de familia a merced de la coerción que puedan ejercer actores políticos, funcionarios, gestores y directivos para que avalen facturas a sobreprecio, que señalen que las obras están concluidas, que se simulen asambleas para decidir el destino de los recursos de programas como La Escuela Es Nuestra, en donde ya hay actos de desvío de recursos que están plenamente documentados y de los cuales obran denuncias públicas.

Es sumamente importante que tomen en cuenta todos estos rubros los diputados locales, quienes, ante el escenario de aprobación del presupuesto federal, tienen la inmensa responsabilidad histórica de reconvertir el Paquete Económico estatal para 2025 en uno que realmente dignifique las escuelas michoacanas y posibilite que más niñas, niños y jóvenes estén, aprendan y participen en el sistema educativo estatal, en las mejores condiciones posibles.

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Gobernar es presupuestar y destinar recursos a la educación con inclusión y equidad es administrar visionariamente, pensando en las próximas generaciones, más allá de congraciarse con la corte política. Las niñas, niños y jóvenes merecen condiciones dignas para ejercer sus derechos educativos. Estamos a tiempo de construir un mejor escenario para 2025 en el sistema educativo michoacano.

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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C

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