La FGE Michoacán defiende su investigación sobre el asesinato de Carlos Manzo, aunque no precisa el móvil del crimen.
Morelia, Michoacán.- El fiscal General del Estado (FGE), Carlos Torres Piña, defendió la solidez de la investigación por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, aunque evitó pronunciarse sobre el posible móvil y reconoció que las diligencias continúan.
En rueda de prensa, Torres Piña informó que ya fueron vinculados a proceso “los ocho detenidos: siete escoltas y uno de los actores intelectuales” del crimen.
Señaló que en el caso se han realizado “274 diligencias, 146 dictámenes periciales, 128 entrevistas y 10 técnicas de datos conservados”, lo que, aseguró, respalda jurídicamente la causa penal.
Destacó además el apoyo de la Fiscalía de Nuevo León y un dictamen recién integrado de la Fiscalía General de la República (FGR).
El fiscal aseguró que los escoltas de Carlos Manzo fueron detenidos por homicidio calificado y lesiones por omisión, pues, según los videos analizados, “fue en tres ocasiones que el menor hizo el intento de acercarse hasta la tercera vez que logró llegar y hacer los disparos”.
Insistió además en que el agresor no era un profesional, sino “un joven de 17 años que logró burlar este círculo cercano de seguridad”.
No obstante, Torres Piña evitó confirmar si existe un móvil claro del crimen, pues dijo: “Queremos concluir bien con la investigación para dar un dato más preciso”.
También respondió sobre señalamientos de supuestos vínculos del alcalde con grupos criminales, y agregó: “Por el momento no tenemos ningún dato que haga aseveración a eso”.
El fiscal negó irregularidades en el caso, así como supuestas torturas, como lo denuncio Jorge Armando N., “El Licenciado”, presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo.
“Son puras mentiras, cuando se entregó a las autoridades, firmó de conformidad que no fue maltratado”, dijo.
Aun así, el juez ordenó una investigación interna, lo que abre un flanco de escrutinio sobre el actuar ministerial.
En relación a las inconsistencias en la acusación contra un presunto reclutador de menores, inicialmente imputado por narcomenudeo y luego por extorsión, el fiscal no negó los cambios de criterio y los atribuyó a ajustes durante la presentación del caso ante el juez.
