Aprobó Congreso de Michoacán reforma sobre apología del delito, en tensa jornada y con una adición
Morelia, Michoacán.- En lo que fue una tensa jornada por la manifestación protagonizada por periodistas que derivó en una adición a la propuesta final, este miércoles el Congreso local aprobó la reforma sobre apología del delito promovida por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
El voto en contra de la reforma fue de los diputados Teresita Herrera, Vanessa Caratachea, Alfonso Chávez, Guillermo Valencia, Adriana Campos, Reyes Galindo, Diana Espinoza, Grecia Aguilar y Antonio Carreño, quienes mantuvieron la postura que inicialmente asumieron en la sesión, cuando se había solicitado una moción suspensiva para que el tema fuera bajado de la orden del día.
Con múltiples letreritos colocados en la zona destinada a la prensa, integrantes del Colectivo exigían se retirara de la orden del día el dictamen elaborado por la Comisión de Justicia y que se cumpliera el compromiso de parlamento abierto que de manera previa habían asumido los coordinadores parlamentarios de Morena, PT y PVEM, así como por el propio presidente del Congreso.
Los comunicadores alertaron que la redacción de la reforma representaba riesgos de criminalización del ejercicio periodístico en el Estado, censura, y persecución judicial a periodistas.
El asunto fue abordado tanto al arranque de la sesión –tras la lectura de la orden del día- como en el punto 39, que era el previsto para la lectura, discusión y en su caso votación del dictamen.
Ahí la legisladora Vanessa Caratachea apuntó que los temas de fondo de la reforma “son altamente cuestionables”, y habló de “las graves irregularidades que marcaron el procedimiento legislativo para la dictaminación”.
Alertó que la propuesta representa un riesgo “serio y directo para los derechos fundamentales, particularmente para la libertad de expresión”, “pretende sancionar con prisión o multa a quien exprese ideas”, y refirió que la ambigüedad de la redacción vulnera el principio de legalidad penal que exige normas claras, estrictas y precisas.
“Las consecuencias no deben minimizarse, no es persiguiendo expresiones incómodas como resolvemos el fenómeno de la violencia, ni encarcelando autores, cantantes o creadores de contenido como erradicaremos la cultura del crimen, lo que necesitamos con urgencia es más educación, más arte, más análisis crítico y más espacios de diálogo abierto, no más silenciamiento desde el poder utilizando el derecho como una herramienta simbólica para aparentar control en una medida que no ataca las causas estructurales”.
A su vez, Octavio Ocampo del PRD, calificó como “estéril” la discusión sobre la libertad de expresión en torno al tema, defendiendo la iniciativa bajo el argumento de su combate a la violencia.
La legisladora Teresita Herrera del PAN cuestionó las motivaciones de la iniciativa del Ejecutivo: “preocupa como siempre más lo político que lo humano. El que la ciudadanía difunda imágenes de todo lo que está aconteciendo está a punto de ser un delito; el que la prensa se sienta acosada, amedrentada, censurada, es una alerta de gran magnitud para la democracia”.
Refirió que el dictamen en sus términos representa una carencia total de certeza jurídica, “todo está correcto porque viene del Ejecutivo, no presenta ningún estudio técnico, comparativo, jurídico o sociológico, apagando radiodifusoras o cancelando un concierto, censurando periodistas, colectivos, activistas de derechos humanos, y a cualquier ciudadano que se atreva a hablar del tema le llegará la pena de tres a seis meses de prisión”.
El priista Guillermo Valencia dijo por su parte que el Congreso ha venido errando sistemáticamente a la hora de tomar decisiones, “no se hacen parlamentos abiertos pero sí se hace micrófono abierto aquí antes de que inicie una sesión, y los diputados hablan y hablan y nadie dice nada, pero no hemos tenido la capacidad de abrir un parlamento abierto para que se expresen los periodistas, para que sean escuchados”.
“Ojalá el tema de la criminalidad se resolviera por decreto, ojalá con esto los criminales dejaran de operar y los grupos musicales dejaran de interpretar corridos dedicados a los capos del crimen organizado, pero no va a pasar, esto no es más que algo cosmético que no resolverá absolutamente nada”.
