Mirador Ambiental

Han tomado sus propiedades, su ganado, sus predios boscosos, hasta sus casas. Ante las amenazas sanguinarias algunos no han tenido otra opción más que irse en silencio a un lugar más seguro, buscando el cobijo de parientes o amigos. Hace tiempo fueron doblegados por el crimen que domina de punta a punta ese territorio, usando los métodos más crueles e inhumanos para hacer polvo su fortaleza moral.

Los causantes son aquellos que hace algunos años llegaron tocando a las puertas ofreciéndoles que los cuidarían de los “lacras” que extorsionan y secuestran. La lejanía y la ausencia del gobierno facilitaron la infiltración. Al paso de los meses reclutaron por la fuerza, o el engaño, uno a uno a personas de las distintas familias y los involucraron en el secuestro y la extorsión.

Fue tan eficiente la cooptación de los criminales que al paso de un par de años en la mayoría de los hogares no había manera de identificar el límite entre buenos y malos. La estrategia que aquí siguió el crimen es la misma que pone en práctica en muchos lugares de Michoacán y del país:

Primero, cautivar y doblegar a las comunidades, integrando parte de ellas a sus estructuras delincuenciales con el pretexto de otorgar seguridad, prometiendo dinero y “beneficios” como el acceso a drogas e “ingresos” mayores a los obtenidos por el trabajo del campo. Financiamiento que finalmente obtienen de saquear los propios recursos de las comunidades.

Segundo, amplificar las discrepancias entre miembros de las comunidades, como los desacuerdos por límites de tierras, herencias, o incluso malentendidos, inyectando odio y sed de venganza, destruyendo las capacidades comunitarias para unificarse y encarar a los delincuentes.

Tercero, ir por los bienes de los pobladores a través del secuestro y la extorsión, administrando con perversidad los diferendos familiares para apropiarse de casas y ranchos, justificando el robo como justicia familiar.

Cuarto, justificar toda barbarie inhumana, como mutilaciones, ejecuciones y secuestros, con campañas en las redes sociales de las comunidades, subiendo imágenes, videos y textos en supuestos diarios digitales, acusando que las víctimas en realidad son peligrosos integrantes del crimen, “lacras”, que merecen ser denunciados y ejecutados. Con esto logran la aniquilación de la moral de las víctimas y su deseo de no tener ninguna visibilidad.

Quinto, reforzar las amenazas a través de la acción interpersonal, promoviendo el miedo y la amenaza del castigo, siguiendo un programa temporal de ejecuciones o ataques a balazos a hogares para lograr su desplazamiento y acceder al ganado, los potreros, las casas y los bosques para extraer madera.

Sexto, aprovechar la ausencia casi absoluta de las instituciones gubernamentales que, argumentando la lejanía y la reducida población (que son pocos y ni siquiera tienen credencial de elector), los han abandonado, para tomar posesión plena del territorio, de las personas que aún quedan y de todos los bienes aprovechables.

Esta realidad, que es la vivida en diferentes partes de la entidad, es la que deben soportar los pobladores del oriente del municipio de Madero y el sur de Morelia.

En más de una veintena de esas localidades las personas viven una absoluta indigencia en materia de derechos humanos. No tienen derecho a la seguridad pública, no tienen derecho a la posesión de bienes, no pueden ejercer con libertad su derecho al trabajo, sus escuelas están cerradas, no pueden ejercer el derecho al libre tránsito, y, su derecho a vivir lo determina el crimen organizado.

Una de las cualidades más inhumanas del grupo criminal que opera en esta zona con absoluta libertad, es su vocación sanguinaria, psicópata, de desaparecer, torturar y mutilar a sus víctimas.

Sierra 1, como se le conoce al líder de este grupo criminal, que domina el oriente de Madero y el sur de Morelia, ha sido beneficiario de la inacción gubernamental tanto federal, estatal y por supuesto, mucho menos de la municipal.

El Plan Michoacán por La Paz y la justicia, que había operado en la parte central de Madero, ahora también abandonado, no ha llegado a este territorio, lo que les ha permitido continuar con la barbarie y apropiarse de tierras, ganado y bosques de las personas desplazadas. Entre los pobladores desplazados hay miedo para denunciar.

Que el crimen tenga en sus manos el territorio que ellos deben libremente habitar y el control sobre los parientes que aún permanecen allá, y que el gobierno esté ausente, ocasiona que los pobladores se resistan a acercarse a las instituciones. Ellos ven como protagonistas de poder a los criminales, no a las entidades del gobierno.

En casos como este el gobierno debería tomar la iniciativa para acercarse a estos pobladores, a partir de la estrategia del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia con presencia militar, y para darles acceso a la ley y a los servicios de las instituciones.

¿Si no se le puede ganar la batalla al crimen en localidades tan pequeñas como estas, cómo pensar entonces que se le pueda ganar en las grandes ciudades y en los centros políticos y económicos decisivos de un estado?

La lección para los pobladores de estos pequeños pueblos y de muchos otros dispersos por el estado es clara: el día que los criminales lleguen a tu poblado ofreciéndote seguridad contra las “lacras”, y tú aceptes, ese día no solo se acabó tu seguridad, se acabó tu dignidad; habrás entregado tu hogar al cuchillo del asesino, tus hijos al abismo de las drogas y al abismo del abuso sexual, y tus bienes a las manos de los capos. Claro, la diferencia la debería de hacer la presencia del Estado.

*El autor es investigador, experto en temas de Medio Ambiente, analista político e integrante del Consejo Estatal de Ecología