Lorena Cortés

Cuando el General Ricardo Trevilla afirmó que el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes en Tapalpa, uno de los episodios de mayor costo letal reciente para el Estado en la lucha contra el crimen organizado,  demostró la fuerza del Estado mexicano, habló de su músculo coercitivo;  de su capacidad real, pero, en términos teóricos, el Estado es algo más complejo que combatir.

En esa lógica, y más aún en la de un Estado democrático y de derechos, su verdadera fuerza no se mide solo por la capacidad de abatir a un enemigo, sino por su aptitud para proteger derechos, dar seguridad con legalidad, investigar, juzgar, reparar y garantizar que el poder público exista en beneficio de las personas. El músculo contiene el incendio, el Estado, cuando de verdad lo es, reconstruye la casa y protege a quienes viven en ella.

Por eso la escena de Trevilla quebrándose al hablar de sus caídos, acusó. Acusó, sin decirlo, la distancia obscena entre quienes ponen su vida y quienes durante años se han dedicado a debilitar al Estado. Exhibe la fractura moral de un país donde, durante demasiado tiempo, la corrupción se volvió costumbre y la simulación, estrategia.

Porque esa misma comunidad política que hoy guarda minutos de silencio fue también, durante décadas, el caldo de cultivo en el que capos convertidos en leyenda pudieron crecer hasta someter a comunidades enteras, no por magia criminal, sino por la suma de omisiones, cobardías y complicidades en todos los eslabones del sistema de seguridad y justicia.

Ahí fallaron policías que dejaron de proteger, ministerios públicos que dejaron de investigar, jueces que dejaron de sancionar, diputados que encontraron en su curul un pase directo de movilidad social, una burocracia partidista entre omisiones y corrupción, alcaldes entre cálculo electoral y sus vinculos inconfesables, dejó que el crimen echara raíces donde debía haber ley.

El caso de Ecuandureo es una radiografía brutal de esa degradación, 11 policías municipales, incluido el director de Seguridad, fueron detenidos esta semana; la Fiscalía de Michoacán sostiene que participaron activamente en los bloqueos del domingo y que incluso impidieron a la Guardia Civil retirarlos, además de que les fueron halladas insignias del CJNG, droga y equipos con reportes operativos al grupo criminal.

Pero el problema no termina en una corporación infiltrada, detrás de cada captura asoma la sombra de las narconóminas, esa burocracia paralela del crimen donde caben policías, informantes, halcones, operadores locales y, cuando la descomposición escala, también militares, marinos o cualquier funcionario dispuesto a rentar su uniforme, su clave, su silencio o su acceso.

El problema no es solo del que traiciona la ley, sino del sistema que lo premia. Ahí reside una de las heridas más hondas del Estado mexicano, cuando la verdad se vuelve negociable y la ética, un adorno, el crimen deja de irrumpir desde fuera y empieza a gobernar desde dentro. Mientras unos entierran a sus muertos con lealtad, otros siguen cobrando los dividendos de la simulación.