Un diputado propone sanciones por no votar, cuestionando el “voto libre” en México.
¿Es realmente libre el voto? Un diputado propone sanciones por no votar a los ciudadanos, lo que podría poner en duda el principio de “voto libre” en México.
Luis Enrique Miranda Barrera, legislador del , ha sugerido que la sanción sea la suspensión de la credencial para votar, un documento de identificación oficial crucial en el país.
El diputado argumenta que el voto confiere legitimidad a los gobiernos y promueve la rendición de cuentas de las autoridades. Por ello, considera que el voto debería ser una obligación ciudadana, respaldada por sanciones, para incentivar la participación y fortalecer las instituciones democráticas.
“Las sociedades democráticas reconocen el valor fundamental de los votos de la ciudadanía para el mejoramiento y la construcción de instituciones. El voto ciudadano dota de legitimidad a los gobiernos emanados de las urnas y facilita que las autoridades electas rindan cuentas a sus votantes acerca de sus gestiones como gobernantes”, se menciona en la exposición de motivos.
El legislador destaca que en países como Bélgica, Australia, Brasil y Argentina, donde el voto es obligatorio, las tasas de participación superan el 75 %, mientras que en México, sin obligatoriedad, fue del 61 % en las últimas elecciones.
La propuesta incluye añadir un párrafo a la fracción III del artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo como obligación ciudadana “votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, en los términos que señale la ley”.
“Artículo Único. Se adiciona un párrafo a la fracción III del artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República: I. y II. … III. Votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, en los términos que señale la ley”, se especifica en el documento.
Se señala que la falta de participación en estos procesos resultará en la cancelación de la credencial de elector emitida por el Instituto Nacional Electoral por un año.
La iniciativa aún está pendiente de discusión y votación en la comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, sin una fecha definida para su aprobación o rechazo.
