ONGs identifican desaparición forzada y desplazamiento como retos críticos en derechos humanos en Chiapas.

Las organizaciones de derechos humanos Fray Matías de Córdova (Frayma), Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), integrantes de un colectivo de más de 300 entidades mexicanas, han realizado un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, poniendo especial énfasis en los problemas de desaparición y desplazamiento forzado, militarización y riesgos para defensores de derechos humanos en Chiapas.

Este análisis se presenta a las naciones del Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que evalúa el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos por parte de los países.

Jorge Hernández, representante de Serapaz, señaló que desde 2021, la desaparición forzada ha aumentado en municipios como Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y Frontera Comalapa, afectando principalmente a mujeres, adolescentes y niños, así como a migrantes.

Derechos humanos en Chiapas

A pesar de un incremento en las cifras oficiales, la realidad supera estas estadísticas y existe un miedo generalizado a denunciar estos crímenes por posible complicidad de las autoridades con los criminales.

Mario Ortega, de Frayba, explicó la urgencia de establecer protocolos y leyes específicas para atender y investigar el desplazamiento forzado a nivel estatal.

‘Las víctimas se enfrentan a la falta de voluntad política y posturas oficiales que pretenden invisibilizar el fenómeno, al desconocimiento de estándares de derechos humanos por parte de los funcionarios responsables de atenderlos, y al riesgo de acudir a instancias estatales que pudieran estar capturadas por los propios perpetradores que cometieron el desplazamiento’, afirmó.

En cuanto a la movilidad humana, México ha recibido 29 recomendaciones del EPU sobre la necesidad de mejorar la investigación y sanción de delitos y violaciones graves a los derechos humanos contra inmigrantes.

Teresa Baratta, de SweFOR, destacó la falta de políticas públicas efectivas para reducir los riesgos a los que se enfrentan los defensores de derechos humanos, especialmente en comunidades rurales e indígenas.

Las organizaciones humanitarias han presentado este diagnóstico y solicitan la implementación de recomendaciones internacionales para mejorar la regulación y aplicación de leyes sobre desaparición y desplazamiento forzado, así como para fortalecer la investigación de delitos y acabar con la impunidad en México.