Mirador Ambiental
México está bajo ataque terrorista. Tras la captura del jefe del cártel trasnacional más importante y poderoso de la historia de México y del mundo, sus subordinados tomaron la decisión de ir frontalmente contra la población inerme, para chantajear al gobierno y obligarlo a negociar un nuevo estatus de tolerancia y paz narca para que sus negocios puedan continuar.
México quedó paralizado en la mayoría de su territorio y no fue por un magno evento cultural, deportivo, cívico o religioso, sino por eventos criminales e ignominiosos promovidos por esta escoria nacional, a la que se le ha permitido crecer en el país durante décadas, bajo el amparo del poder político de todos los colores e ideologías, y que ha tomado como rehenes al pueblo de México para doblar a las instituciones.
La magnitud de la guerra terrorista que este grupo criminal ha desatado contra los mexicanos pretende demostrar la capacidad de control territorial que aún tiene sobre el país al involucrar con sus acciones a gran parte de la república mexicana. Han querido demostrar que su capacidad de control es tal que pueden, en pocas horas, empujar al país al caos general y propiciar la ingobernabilidad.
Los mexicanos de bien lamentamos la muerte de integrantes de las fuerzas armadas y policiales que fueron asesinados por estos criminales en el cumplimiento de su deber. El gobierno federal, en atención a semejante sacrificio, debería declarar el luto nacional.
En las decenas de actos terroristas que estos infrahumanos, enloquecidos por las drogas, realizaron el día 22 de febrero, aparecen como víctimas, en primer lugar, los civiles, algunos de los cuales perdieron vehículos, mercancías, sus ganancias comerciales, y su estabilidad mental.
Al gobierno de la república, a quien se le debe reconocer la determinación, coordinada o no con el gobierno estadounidense, de haber decidido ir en contra de los jefes mafiosos de esta organización criminal, no se le debe regatear el mérito. Pero también, debe quedar el reclamo preciso de que a la respuesta que dio el grupo criminal no se le debe de nombrar como acto criminal sin más, sino como acto terrorista, porque eso es lo que son y como tal deben atacarse.
Para la población, sobre todo para aquella que suele tolerarles, festejarles sus bravuconadas, justificarlos, protegerlos y agradecerles sus despensas, sus obsequios festivos, sus bailes, sus jaripeos, y hasta por reclutarles a sus hijos, debe ir un mensaje encendido de repudio de todos los mexicanos de bien; se precisa una acción social y educativa del gobierno para rescatarles; el gobierno debe rescatar los territorios por ellos controlados.
Para los gobernantes que entregan parte de los presupuestos públicos para financiar la operación de los grupos criminales-terroristas, con gasolina para sus flotillas, con blindaje para sus “rinocerontes”, con cámaras para vigilar a la sociedad, con efectivo para pagar sus sicarios, con información estratégica para sus operaciones, el mensaje debe ser contundente: deben dejar el cargo para comparecer ante la ley.
Previsto está que el grupo criminal enfrentará, como sabemos ocurre en estos casos, pugnas por el poder y, en consecuencia, desatarán una escalada de desestabilización, la que sabemos siempre transcurre bajo el arropamiento de los componentes políticos y gubernamentales que forman parte de sus estructuras, y por esa razón deben ser contenidos. El gobierno, entonces deberá como siguiente paso, ir por los capos políticos que han prohijado el terrorismo.
Para que los actos terroristas contra la población terminen lo más pronto posible y el sufrimiento social acabe rápido, la acción de las entidades de inteligencia, de seguridad pública y militares, deben en consecuencia también, actuar lo más pronto posible capturando a los presidentes municipales, diputados, gobernadores o senadores que han hecho carrera política y fortuna al amparo de este grupo criminal-terrorista.
Las imágenes que hoy se ven en todo el mundo muestran a un México víctima de una guerra terrorista. En donde los criminales, mostrando su cualidad más cobarde, disparan sus armas, aterrorizan, y amenazan con aniquilar a la población que está inerme y absolutamente desvalida. Lo que ha ocurrido hasta ahora debería ser motivo ya del repudio internacional para que se recomiende al gobierno mexicano, por parte de la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, que se busque proteger y dar garantías a la población situada en los territorios afectados en los cruentos días por venir.
Estamos bajo ataque terrorista y como tal debe responder el gobierno de México. Deberá plantearse la urgencia de la redefinición de las políticas de seguridad y las estrategias de actuación contra las estructuras criminales. Los criminales no deben tener el control territorial del país, tampoco el control gubernamental, ni manejar las economías regionales.
México necesita ser libre y soberano frente al crimen.
*En autor es experto en temas de Medio Ambiente, analista político, e integrante del Consejo Estatal de Ecología
