La presidenta Claudia Sheinbaum aplaude el fallo de la SCJN que favorece la reforma judicial en México.
Ciudad de México.-Este miércoles, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum expresó su satisfacción por el rechazo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a los recursos interpuestos contra la suspensión temporal de la reforma judicial.
Tras la presentación de acciones de inconstitucionalidad por parte de cuatro partidos políticos y una minoría legislativa, Sheinbaum declaró estar “muy contentos”, considerando esto un “triunfo” para el “pueblo de México”.
“Estamos muy contentos, muy contenta, el día de ayer triunfó el pueblo de México y ganó la fuerza de la razón, la cordura frente a la irracionalidad”.
Antes de la sesión del pleno, Sheinbaum criticó a los ministros de la SCJN, acusándolos de violar la Constitución y de ser responsables de las acusaciones hacia su administración por una supuesta “crisis de constitucionalidad”.
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“¿Y por qué no le preguntan a la Corte? ¿Por qué le preguntan a la Presidenta? ¿Por qué no le pregunta a la corte el presidente de Coparmex sobre su decisión porque quienes están violando la Constitución es la Corte. Quienes están sobrepasándose en sus funciones es la Corte”, señaló en su conferencia matutina.
Después de intensas deliberaciones, el pleno de la Suprema Corte rechazó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que buscaba anular la elección de jueces y magistrados, mientras respaldaba este método para ministros y magistrados electorales.
El proyecto no logró la mayoría calificada de ocho votos necesaria para invalidar las secciones impugnadas de la reforma judicial. El ministro Alberto Pérez Dayán votó en contra de la procedencia de la acción de inconstitucionalidad presentada por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, argumentando que los partidos no estaban legitimados para presentar tal impugnación.
Antes de la votación, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena había recordado que en precedentes anteriores, la Suprema Corte había reconocido el interés jurídico de los partidos políticos para impugnar elecciones en las que no participan directamente.
