Aprobadas las leyes secundarias de la reforma judicial por comisiones del Senado, enfrenta oposición.

Ciudad de México.-En una sesión extraordinaria, las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos del Senado de México han dado luz verde a las leyes secundarias de la reforma judicial, las cuales son esenciales para la implementación de la elección de jueces y magistrados como dicta la reciente reforma al Poder Judicial.

Con apoyo mayoritario de Morena y sus aliados, y rechazo unánime de la oposición, se aprobaron las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Estos cambios ahora se dirigirán al Pleno del Senado en la sesión del miércoles.

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Los cambios incluyen una modificación a la propuesta inicial de la presidenta Claudia Sheinbaum, permitiendo a los tres poderes de la Unión vetar las candidaturas a jueces y magistrados de Distrito propuestas por el Comité de Evaluación.

“Los poderes de la Unión determinarán en primer término su conformidad total o parcial sobre los listados referidos en el párrafo anterior y en caso de que se rechace la totalidad de la lista, los comités deberán presentar un nuevo listado”, explica la modificación propuesta por el senador Manuel Ladrón.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anunció el martes que se mantiene un diálogo abierto con la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña, asegurando la colaboración entre poderes.

Margarita Valdez, senadora de Morena y presidenta de la Comisión de Gobernación, destacó que las reformas buscan establecer reglas claras para la elección de miembros del Poder Judicial, protegiendo los derechos de los candidatos a impugnar en caso de desacuerdo.

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Sin embargo, el PAN se opone, argumentando que el Senado incurre en desacato al ignorar suspensiones judiciales que bloquean la reforma.

Ricardo Anaya, senador del PAN, y Alejandra Barrales, senadora del Movimiento Ciudadano, expresaron preocupación por la posible pérdida de independencia judicial y los errores no corregidos en el proceso de reforma.