La renuncia de Adrián López Solís a la Fiscalía General del Estado será efectiva a partir del próximo 20 de agosto.

Redacción / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. El fiscal General del Estado de Michoacán, Adrián López Solís, fungirá como notario público en el municipio de Quiroga al concluir su encargo en la institución encargada de investigar y perseguir delitos en la entidad.

De acuerdo con un extracto de la novena sección del número 54 del Periódico Oficial del Estado, publicado el pasado martes 8 de julio de 2025, el funcionario fue designado mediante acuerdo del Poder Ejecutivo de Michoacán, como notario público titular número 178 en el estado, con ejercicio en el Distritito Judicial de Pátzcuaro y con residencia en la población de Quiroga.

López Solís presentó su renuncia a la Fiscalía General del Estado el pasado domingo 6 de julio, la cual fue aceptada por el Congreso del Estado, y será efectiva el próximo 20 de agosto.

El fiscal argumentó que la causa de su dimisión, la cual ocurre tres años antes de que concluyera su periodo, es “generar las mejores condiciones que permitan reimpulsar los procesos de crecimiento y mejoramiento de las capacidades institucionales para hacer frente a la legítima demanda de justicia con más y mejores resultados, a partir de nuevos incentivos y reforzamiento del acompañamiento gubernamental”.

A través de sus redes sociales, el fiscal señaló que durante estos 6 años “he asumido con toda responsabilidad la titularidad de una de las instituciones más demandantes y referidas socialmente por lo sensible de sus funciones”.

Sin embargo, admitió que, en materia de combate a la impunidad cada día surgen “nuevas exigencias que provienen de una intensa dinámica delictiva”, lo que hace necesario mantener coordinación con “todas las capacidades del Estado”, conforme a “las competencias legales” de cada instancia de seguridad y de justicia en lo federal, lo estatal y el orden municipal.

Ante esa situación, escribió, “es el momento de generar las mejores condiciones que permitan reimpulsar los procesos de crecimiento y mejoramiento de las capacidades institucionales para hacer frente a la legítima demanda de justicia con más y mejores resultados, a partir de nuevos incentivos y reforzamiento del acompañamiento gubernamental”.