Morelia, Michoacán

Un total de 21 carpetas por presuntas faltas administrativas graves o delitos cometidos por funcionarios o exfuncionarios estatales han sido derivadas a instancias como la Fiscalía General del Estado (FGE) o el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

Así lo refirió la titular de la Secretaría de Contraloría en Michoacán (Secoem), Azucena Marín Correa.

Detalló que esta semana fueron derivadas dos carpetas relacionadas con el sector educativo, y la semana próxima será derivada una más, por pagos a terceros.

Esto, debido a que la Secoem únicamente atiende y sanciona, en su caso, faltas administrativas no graves, mientras que el TJA ve las faltas administrativas graves y la FGE, los delitos como colusión, tráfico de influencia, o uso indebido de recursos públicos.

Las carpetas mencionadas abarcan 23 mil millones de pesos, de los que nueve mil millones de pesos corresponden al área penal.

Marín Correa destacó que estas cifras sólo consideran los datos cuantificables, puesto que existen daños no cuantificables, como los generados por conductas como corrupción.

Al momento, de las 21 carpetas derivadas, únicamente una ha sido judicializada, relacionada con el sector educativo.

Azucena Marín indicó que se han incorporado al padrón de sancionados por la Secoem hasta 20 nuevas personas, y mediante el convenio de colaboración con la Federación, que permite conocer penalizados de otros órdenes o instancias públicos, recibe una media de 40 notificaciones por año.

La titular de la Secoem manifestó que es “desesperante” el proceso de investigación y sanción de la mala praxis pública, por lo que sería conveniente incrementar las facultades en la materia de la dependencia.

Para ello, se construye una propuesta que sería presentada ante el Congreso local, para buscar que “el combate contra la corrupción sea valiente, dirigido y eficiente”.