Nueva reforma constitucional fortalece los derechos de las comunidades indígenas y afro mexicanas.

La Cámara de Diputados de México aprobó por unanimidad una reforma constitucional que otorga personalidad jurídica, patrimonio y fortalece los derechos propios a las comunidades indígenas y afro mexicanas, siguiendo una propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con esta reforma, estas comunidades ya no serán consideradas solo entidades de interés público, sino que ahora poseerán derechos y obligaciones jurídicas concretas.

Esto incluye el derecho fundamental de ser consultados ante cualquier reforma o acción administrativa que pueda impactar su entorno o modo de vida.

Durante el debate, la diputada Irma Juan Carlos de Morena, representante de los pueblos originarios, destacó la importancia de esta aprobación como un ‘momento histórico’ y un acto de justicia tras siglos de exclusión.

“Hoy es un día histórico que quedará grabado en nuestras mentes y corazones como el momento en que, después de más de cinco siglos de invasión, despojo, exclusión, racismo y discriminación, por fin se van a reconocer nuestros derechos inalienables en la Constitución, reafirmando que la grandeza de México está en la gran diversidad de pueblos y culturas que lo conforman”, afirmó Irma Juan Carlos.

La reforma también garantiza la consulta a estas comunidades sobre cualquier legislación o medida administrativa que pueda afectarles significativamente, incluyendo la posibilidad de impugnar violaciones a este derecho.

María de Fátima García León, diputada de Movimiento Ciudadano, mencionó que la reforma busca resolver una ‘deuda histórica’ con estas comunidades, apuntando a las altas tasas de pobreza y pobreza extrema entre la población indígena, según datos del Coneval.

Además, la reforma establece que cualquier beneficio derivado de medidas administrativas que favorezcan a particulares, deberá incluir una compensación justa y equitativa para las comunidades afectadas, y obliga al estado a asegurar que estas comunidades puedan gestionar sus propios medios de comunicación y tecnologías de la información.

El texto ahora pasa al Senado de la República para su discusión y posible ratificación.