Representantes de asociaciones provida en Michoacán presentan amparos contra la despenalización del aborto. Piden al Poder Judicial Federal la suspensión del acto reclamado.

Morelia, Michoacán.-Este viernes, representantes de asociaciones provida interpusieron 15 demandas de amparo indirecto ante el Poder Judicial de la Federación en contra del procedimiento legislativo que resultó en la despenalización del aborto en Michoacán.

Gilberto Pizarro, portavoz del Frente Nacional por la Familia, la Red Ciudadana por la Familia y el Consejo Pro Vida Michoacán, aseguró que el proceso estuvo plagado de irregularidades que vulneraron derechos humanos y el principio del debido proceso.

“Desde un inicio, esto fue una instrucción directa del Ejecutivo estatal al Legislativo, lo cual viola la división de poderes. Se trató de legislar al vapor”, afirmó.

Entre las presuntas anomalías señaladas destacan que la Comisión de Justicia del Congreso local actuó sin haber sido instalada formalmente y sin un secretario técnico, además de que no se convocó a audiencias públicas ni a un parlamento abierto para discutir la iniciativa.

Te puede interesar: Gobierno de Michoacán establece nuevo decreto para garantizar el aborto seguro

“No hubo segunda lectura ni un análisis serio; se emitió un dictamen exprés que fue aprobado por el pleno sin que siquiera participaran todos los integrantes de la comisión”, denunció Pizarro.

Las organizaciones provida buscan la suspensión provisional del decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado y la reposición del procedimiento legislativo, exigiendo que se permita la participación de expertos y ciudadanos en el análisis del tema. Según Pizarro, el fallo podría conocerse entre el martes y miércoles de la próxima semana.

El representante subrayó que estas acciones legales no pretenden cuestionar el derecho de las mujeres, sino garantizar un proceso legislativo legal y transparente. Sin embargo, también negó que el aborto sea considerado un derecho reconocido internacionalmente:

“No hay una legislación ni resolución vinculante que lo establezca como tal”, señaló.

Pizarro expresó desconfianza hacia el gobierno estatal y el Congreso, aunque confió en que el Poder Judicial estudie las inconsistencias y dicte una resolución favorable.

“Si el legislativo no acata, podría derivar en un procedimiento de desafuero para los diputados que incumplan”, advirtió.

Finalmente, adelantó que la próxima semana se presentará un segundo paquete de demandas de amparo por parte de ciudadanos interesados en sumarse a la impugnación.

“Buscamos que se respete la ley y se ponga fin al clima de impunidad que prevalece en el estado”, concluyó.